Parece que algo irregular está pasando con la escogencia de textos escolares del colegio de Comfamiliar del Huila, para el 2025. Hay unos hechos que indicarían que se están cometiendo abusos que colindan con el delito. Según hechos expuestos por un representante de los padres de familia en el Consejo Directivo, que son de conocimiento del Director Administrativo de Comfamiliar del Huila, reseñaría que según la Resolución 016763 del 2024, expedida por el Ministerio de Educación Nacional y que rige para colegios privados, no se puede direccionar la compra de textos escolares para beneficiar a un proveedor. Si cualquier persona lee el artículo 14 de la citada resolución, puede evidenciar que es cierto; que no se puede beneficiar especialmente a un proveedor.
Ese artículo, que define la compra de textos educativos, establece que “Los establecimientos educativos no pueden incurrir en prácticas restrictivas cuando realicen la solicitud de materiales educativos, por lo que no pueden exigir proveedores ni marcas específicas, ni establecer mecanismos que de cualquier forma impidan la concurrencia de múltiples proveedores en la provisión de estos materiales”. Punto.
Pues, según el representante de los padres de familia, en el acta original del pasado mes de octubre y en la cual quedaron consignadas las discusiones y decisiones que tuvo el Consejo Directivo del Colegio Comfamiliar, no se decidió sobre la compra de textos escolares y menos de alguna editorial. Sin embargo, al parecer, el mismo denunciante va a la Secretaría de Educación del Huila el pasado 11 de diciembre, obtiene una copia del acta del mes de octubre y descubre que fue alterada el acta original; que en el punto 4.1 de la copia del acta se establecía falsamente que el Consejo Directivo había aprobado la compra de textos escolares con la Editorial Santillana; que, incluso, los representantes de los estudiantes, menores de edad, fueron utilizados en esa alteración del acta; que esa acta falseada fue subida a la plataforma oficial, haciendo público el hecho delictivo. Todo un descaro. Pues las directivas de ese colegio y el mismo Director Administrativo de Comfamiliar del Huila le deben no solo una explicación a su comunidad educativa, sino que también deben poner en conocimiento de las autoridades competentes esos hechos para que se determinen culpables.
Porque, si se corroboran los hechos, sin duda hay falsedad documental; también, hay abuso de confianza en contra de quienes no habían autorizado compra alguna, como los menores de edad, pero después aparecieron “autorizando”. Ojalá que esto no se quede en un “pacto de silencio”.
