El contrabando en Colombia asciende a 6.000 millones de dólares al año y tiene en jaque a la industria y al sector agropecuario. El gobierno estrena medidas para combatir este delito. Informe especial SEMANA El contrabando en Colombia asciende a 6.000 millones de dólares al año y tiene en jaque a la industria y al sector agropecuario. El gobierno estrena medidas para combatir este delito. 
El contrabando es hoy, junto con la revaluación, el mayor mal que aqueja a la economía. Aunque es un fenómeno que persiste de tiempo atrás, en los últimos meses se ha vuelto un verdadero dolor de cabeza para los empresarios y las autoridades que tienen que controlarlo. El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, lleva varias semanas afirmando que las fronteras con Venezuela y Ecuador se han vuelto un colador por donde está entrando mercancías a manos llenas. El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y el director de la Dian, Juan Ricardo Ortega, calificaron como un tsunami lo que está entrando ilegalmente. El ministro de Comercio, Sergio Díaz-Granados señala que muchos sectores están perdiendo oportunidades y competitividad por el contrabando. Para dimensionar el tamaño del problema basta decir que en solo tres años la Policía Fiscal Aduanera (Polfa) ha aprehendido matutes por más de 1,1 billones de pesos, una cifra que apenas araña el problema y que representa menos del 10 por ciento de todo lo que ingresa de manera ilegal a Colombia. El gobierno calcula en 6.000 millones de dólares anuales el monto del contrabando tanto abierto, –el que entra por las zonas de frontera, por puertos y aeropuertos a plena luz del día– y el técnico, por subfacturación de importaciones (pares de zapatos a 10 centavos de dólar) o con documentos falsos. Los sectores más afectados son textiles, confecciones, calzado, alimentos, licores, tabaco, productos siderúrgicos, combustibles y metalmecánicos. En el caso del contrabando abierto hay una gran preocupación porque está en aumento el de arroz, harinas y aceites. La verdad es que el contrabando no solo golpea la competitividad de la industria y el agro. También tiene un impacto negativo en la generación de empleo y en las finanzas públicas por los millonarios recursos que deja de recibir el fisco por aranceles e impuestos no pagados. A esto se suma que es uno de los grandes factores de corrupción y violencia en el país. Ante esta problemática el sector productivo reclama acciones más decididas del gobierno. No solo la acción policiva. Por ejemplo, el presidente de Analdex, Javier Díaz, dice que para combatir el contrabando técnico hay que poner a trabajar de manera más coordinada a las entidades. Instalar en puertos y aeropuertos los escáneres que se vienen anunciando desde hace más de diez años y facilitarles las operaciones a los importadores legales, en lugar de perseguirlos porque se equivocaron en un número en una planilla. Para la Andi es urgente modernizar las aduanas porque mientras el comercio se ha triplicado en la última década, el país sigue muy rezagado en esta materia. Rafael Mejía, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), coincide en que se requiere una estrategia integral para enfrentar el problema. La nueva estrategia El presidente Juan Manuel Santos viajó hace unos días a Cúcuta para mirar sobre el terreno los efectos dramáticos que está dejando sobre la economía de la región este flagelo y anunció un paquete de medidas. El gobierno tiene claro que debe cambiar de estrategia porque detrás de este ilícito hay grandes estructuras criminales, exportaciones ficticias, lavado de activos y riesgos sanitarios y fitosanitarios. Díaz-Granados dice que hay que combatir el contrabando desde varios frentes y por ello se pondrá en marcha una estrategia que incluye revisar todas las normas aduaneras. Para el caso de la gasolina y de alimentos que entran por la frontera con Venezuela se discuten fórmulas con el vecino país para que el control sea más estricto. Las autoridades de la Guardia Nacional Venezolana estiman que existen unas 400 trochas en la frontera por donde pasa toda clase de mercancías. También se discutirá la política de subsidios que se aplica en ese país, que lleva a que los productos de primera necesidad que importa Venezuela terminen en los estantes de almacenes de la costa Atlántica. En la nueva estrategia, las agencias de aduana y las oficinas de courriers estarán en la mira para evitar que sean usadas para entrar contrabando. Además, la Dian y la Superintendencia de Sociedades realizarán una revisión de las sociedades que importan mercancías para establecer si hay entidades ‘fantasma’ y perseguir a los cerebros que están detrás de ellas. Habrá una mayor coordinación entre el gobierno y las autoridades locales, así como entre la Polfa, el ICA y el Invima. A estas dos entidades se les exigirá ser más estrictas en las normas sanitarias y fitosanitarias. En lugar de ir tras los conductores de las tractomulas, hay que buscar a los cabezas de las organizaciones mafiosas. La Dian y el Ejército acaban de sellar una alianza para combatir de manera conjunta este flagelo en la costa Atlántica. El director de la Dian dice que próximamente se dará luz verde a la licitación del Sistema Nacional Único de Información y Rastreo (Sunir), un mecanismo para marcar mediante sellos o códigos de barras especiales los licores y cigarrillos que se comercialicen en el país. El sistema, que opera con éxito en algunas naciones europeas y asiáticas, permitirá almacenar los datos sobre la importación, producción, distribución y consumo de estos productos. Aunque fue aprobado en 2010, está en el Plan de Desarrollo y fue avalado por un documento Conpes, solo hasta ahora tendrá vía libre. La exdirectora de Impuestos y Aduanas Fanny Kertzman, conocida por su mano dura con los contrabandistas, afirma que la lucha contra este delito durante su administración arrojó resultados porque se buscó combatir toda la cadena de comercialización. Así lo hicieron con los cigarrillos, el whisky y los electrodomésticos pues se persiguió al vendedor, al distribuidor y al comprador. Otra medida efectiva fue la amenaza de la Lista Clinton en la que quedarían quienes hicieran negocios con narcotraficantes, que lavan activos mediante el contrabando. “Existe un tratado de colaboración aduanera y de intercambio de información con Estados Unidos. Se puede utilizar diciendo que las denuncias por contrabando van ir acompañadas por denuncias en esa nación por lavado de activos. Eso sí que asusta”, sostiene la exfuncionaria. Para que los resultados sean efectivos se necesita mayor colaboración de la Justicia colombiana. El año pasado se hicieron 170 capturas, pero hoy no está detenida una sola persona. Durante los más de diez años que lleva el actual régimen penal que castiga al contrabando, solo se ha encarcelado a una persona. “Aquí hay una enorme hipocresía porque mucha gente que habla del tema es la que más se lucra”, sostiene el director de la Dian. En síntesis, el gobierno quiere mostrarle los dientes a los que están metidos en este negocio ilegal. Ojalá que esta vez sí logren atacar esta plaga que tanto daño le está haciendo a la economía. Recuadro
El colador
Las autoridades no dan abasto para frenar el ingreso de mercancía ilegal al país. •En marzo de este año se decomisó en Buenaventura mercancía de origen chino avaluada en 30.000 millones de pesos que venía en 23 contenedores con calzado, textiles y confecciones. •A comienzos de este año cayeron 5.500 galones de gasolina y ACPM en La Guajira, transportados en cinco camiones con placas venezolanas. •En Barranquilla se incautó mercancía por valor de 3.500 millones de pesos representados en botellas de whisky y perfumes. Hace 15 días la Dian, Seccional Barranquilla, decomisó 100 toneladas de arroz. •El año pasado se decomisaron 51.500 litros de aceite, 220 toneladas de arroz, 22.000 kilos de harina, 300.000 huevos y 70.000 kilos de leche en polvo, entre otros.
