En uno de los países más biodiversos del planeta, con una enorme riqueza en recursos naturales, duelen y deberían representar indignación para la sociedad colombiana en general las cifras de asesinatos de defensores del medioambiente.
Los datos presentados por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, en la antesala de la celebración desde hoy en Cali de la cumbre COP16, son alarmantes: Desde 2016 —año de la firma del acuerdo de paz con la guerrilla de las Farc— hasta septiembre pasado, se presentaron en el territorio nacional 248 homicidios de líderes ambientales, de los cuales 44 se registraron en 2023, el año más letal. Casi todos eran indígenas, afrodescendientes y campesinos, que murieron, principalmente, a manos de grupos ilegalmente armados.
El documento de la ONU recoge que las balas asesinas afectaron sobre todo a hombres (220 del total), que vivían en su mayoría en regiones del Pacífico, Amazonas y Orinoquía. Por departamentos, Cauca, Chocó y Nariño son los principales escenarios de estos homicidios, coincidiendo con las zonas de mayor presencia de las disidencias de las Farc y de grupos criminales como el Clan del Golfo.
Según la ONU, hay “un incremento en la violencia y en el control social por parte de los actores armados no estatales”, lo que ha propiciado este desangre lento que vive Colombia.
Estamos hablando de 248 vidas que se habían visto en la necesidad de defender sus territorios, los recursos naturales y su biodiversidad ante amenazas relacionadas con minería ilegal, deforestación, producción de cultivos ilícitos y la explotación de fuentes hídricas. Lamentablemente, estas vidas fueron apagadas de manera cruel y despiadada por actores violentos que, a punta de la destrucción, solo buscan enriquecerse.
Hoy, cuando el mundo se posa sobre Colombia con motivo de la COP16, es necesario que se le otorgue un reconocimiento especial a cientos de campesinos, líderes comunales e indígenas que luchan por la protección de su hábitat natural y su supervivencia como pueblos. El reconocimiento debe incluir, por supuesto, un compromiso real del Estado para evitar que sigan siendo masacrados.
