El proceso por las anomalías en la contratación del PAE 2020 cumplió cuatro años, sin avances. Las audiencias de acusación siguen en pañales y la preparatoria está lejos. Ahora, por cambio de fiscal, quedó otra vez en suspenso.
RICARDO AREIZA
Investigacioneshuila@gmail.com
Aunque parezca increíble, el 23 de agosto pasado cumplió cuatro años de haberse iniciado el proceso penal contra el ex alcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, miembros de su equipo de gobierno y varios contratistas por las anomalías en la adjudicación del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Aunque los funcionarios implicados en estas irregularidades fueron sancionados con destitución e inhabilidad por la Procuraduría, sin que se hayan hecho efectivas, el proceso penal está crudo.
Después de permanecer estancado durante once meses en el Tribunal Superior de Neiva la audiencia de acusación se reanudó el pasado 18 de junio de 2024. Ahora, cuando se había programado la continuación de la diligencia, volvió a suspenderse, esta vez por expresa solicitud de la Fiscalía.
“Más de dos años ha tardado la audiencia de acusación que en la práctica debería tardar una hora”, afirmó uno de los abogados de la defensa. Dicho y hecho.
Engavetado
Después de permanecer ‘engavetado’ durante once meses, el expediente regresó al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Neiva para continuar con la audiencia de acusación contra el ex mandatario, los contratistas, el equipo interventor, el ex secretario de Educación, Giovanny Córdoba Rodríguez y los asesores jurídicos externos de la Alcaldía, Juan Felipe Molano y Andrés Camacho Cardozo.
El funcionario judicial reiteró los cargos contra el ex concejal de Tumaco, Haiden Otoniel Vergara Quiñones, aportante de la campaña política y principal beneficiado con la contratación del PAE 2020.
El fiscal llamó a juicio a Carmen Rosaída Castillo Arboleda y Miguel Alfonso Banguera Jaramillo, quienes figuraban como ejecutor e interventor del contrato de alimentación escolar pese al conflicto de interés que suscitó la investigación penal.
La acusación
El escrito de acusación fue radicado inicialmente el 23 de agosto de 2020 a las cuatro de la tarde en el Centro de Servicios Judiciales. Desde esa fecha permaneció quieto.
El fiscal los acusó formalmente por indebida celebración de contratos, interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades. El delito de peculado por apropiación anunciado inicialmente durante la imputación fue descartado.
La imputación se realizó el 22 de marzo 2022. El 30 de abril de 2022 el juez séptimo de garantías impuso medida de aseguramiento. Los procesados no aceptaron cargos.
El 28 de junio de 2022 la Juez Séptima Penal Municipal de Neiva con Funciones de Garantías les dictó medida de aseguramiento: A Gorky casa por cárcel, intramuros a Otoniel Vergara a los demás sin medida.
Sin embargo, el 16 de diciembre de ese mismo año el Juez Tercero Penal del Circuito de Neiva, Juan Carlos Bolaños Motta, revocó la medida, dejándolo en plena libertad.
El calvario
La diligencia judicial venía a paso de tortuga durante el periodo del fiscal general Francisco Barbosa. El primero de noviembre de 2022 se programó la audiencia de acusación (diciembre 2 de 2022) pero no se realizó. Los procesados se presentaron sin defensor como estrategia dilatoria. Desde esta fecha comenzó el calvario. Se fijó para el 20 de enero de 2023. El fiscal anunció adición al escrito de acusación. Y quedó en suspenso desde el 19 de mayo de 2023 cuando las partes impugnaron la participación de las víctimas en este proceso.
Desde esa fecha, el voluminoso expediente fue remitido al Tribunal Superior de Neiva para que resolviera, en segunda instancia, la constitución de la parte civil denegada por el juez de conocimiento.
El recurso permaneció estático en la Sala Penal desde el 31 de mayo del año pasado, hasta el 22 de marzo pasado cuando ‘resucitó’. La Sala Penal revocó la negativa de la jueza y respaldó la concurrencia de las víctimas en el proceso penal. En calidad de representantes de víctimas, los magistrados reconocieron personería a Doris Manrique, abogada de la Alcaldía de Neiva (reemplazada por Rocío Casagua) y a César Rafael Pino Martínez, apoderado de la Unidad de Alimentación Escolar, adscrita al Ministerio de Educación Nacional.
Desde el 18 de junio de 2024 los representantes de las víctimas comenzaron a intervenir en el proceso penal en busca de verdad, justicia y reparación, y no impunidad.
El despacho judicial reanudó en esa fecha la audiencia de acusación y se reprogramó para el 30 de agosto de 2024. Gorky no asistió. Tampoco el ex concejal de Cambio Radical Otoniel Vergara, financiador de su campaña.
La audiencia quedó nuevamente aplazada por expresa solicitud de la nueva fiscal.
A paso de tortuga
Aunque el proceso está lejos de prescribir, la semana pasada cumplió cuatro años sin que se vea la celeridad que el caso amerita. Por el contrario, sigue estancado y avanza a paso de tortuga.
Después de cuatro años, la audiencia de acusación no logra terminarse. Y peor aún, a la inexplicable morosidad se sumó ahora, el cambio de fiscal, que implicará una demora adicional.
El proceso lo venía instruyendo el fiscal Séptimo Seccional de Neiva Juan Carlos Durán Cujar, quien perdió la titularidad. El proceso quedó en manos de la nueva fiscal, Sandra Patricia Orjuela Chávez, trasladada desde el Caquetá el 21 de agosto pasado. Llegó como fiscal primera seccional con más de dos mil procesos. “En el curso de esta semana realicé la entrega de esta fiscal y ahora estoy recibiendo la fiscalía séptima por parte del fiscal Juan Carlos Durán”, reveló.
La funcionaria, quien ocupaba una fiscalía anticorrupción, solicitó el aplazamiento de la diligencia de acusación mientras conoce el voluminoso expediente.
“Sería irresponsable de mi parte comparecer a una audiencia desconociendo toda la investigación de este proceso. Por eso solicito la suspensión mientras recibo el despacho y además estudiar el caso con delitos complejos, que requiere un análisis y poder tramitar todas las aclaraciones que han elevado los abogados de la defensa”, subrayó la nueva fiscal.
Reparos
El procurador judicial Gerson Avilés llamó la atención sobre la lentitud de este proceso que cumplió cuatro años. “Es lamentable que a estas alturas del proceso las nuevas directivas de la Fiscalía les dé por cambiar de fiscal. Ya llevamos cuatro años y no hemos hecho ni siquiera la acusación. Este proceso va a engrosar las filas de la prescripción”, anotó el agente del Ministerio Público.
“Si bien es cierto la Fiscal tiene razón, el despacho no puede pasar por alto esta situación”, subrayó.
La juez de conocimiento justificó la solicitud de la Fiscalía y suspendió la audiencia. “Su traslado está fuera de su alcance, fueron los directivos de la Fiscalía los que tomaron esas decisiones y lógicamente no está preparada para asumir esta audiencia de acusación, para contestar unas observaciones. Por lo tanto, esta solicitud está justificada por esta ocasión”, anotó la juez Olga María Erazo.
En consecuencia, la audiencia fue suspendida nuevamente y se reprogramó para el 29 de diciembre de 2024 y 30 de enero de 2025.
“Al parecer a la Fiscalía no le interesa avanzar en los procesos contra Gorky- indicó uno de los abogados de la defensa-. Primero, fue aplazada por solicitud de la Fiscalía para aclarar la engorrosa acusación, luego por la demora para resolver la admisión de las víctimas y ahora, nuevamente por cambio de fiscal”, afirmó.
Por su parte, el abogado José Ricardo Falla, aseguró que puede demorarse aún más por el descubrimiento de 700 elementos probatorios que resulta complejo y por las nulidades que se presentarán.
Paradoja
Aunque parezca paradójico, la audiencia de acusación cumplió hace poco dos años, sin que se haya podido terminar, lo que demuestra la extrema morosidad a pesar de ser uno de los temas relevantes de corrupción, priorizado de trascendencia nacional.
Después de dos años de haber sido radicada, la acusación finalmente comenzó a sustentarse el 22 de agosto de 2022 contra el ex alcalde Gorky Muñoz, su secretario de Educación Giovanny Córdoba Rodríguez, los tres contratistas foráneos (aportantes de la campaña) y los dos asesores jurídicos por la irregular contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) comenzando la pandemia.
La Fiscalía les imputó inicialmente tres delitos: peculado por apropiación, indebida celebración de contratos y violación al régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades. El delito de peculado fue descartado.
Las conductas se habrían cometido en la celebración de varios contratos en medio de la crisis sanitaria, soportados en la figura de la “urgencia manifiesta” decretada para contener la propagación de la pandemia, que originó con mayor celeridad una destitución y la suspensión del cargo.
Gorky insiste en que los actos administrativos no desbordaron la legalidad y que sus actuaciones se sujetaron al cumplimiento del deber objetivo de cuidado. “Lejos de ser descuidado, fue diligente y prudente”, alegó su abogado.
Destitución
Gorky Muñoz Calderón y otros tres miembros de su equipo de gobierno fueron sancionados con destitución e inhabilidad el 8 de marzo de 2023, hace 17 meses, por las anomalías en otro contrato irregular para el suministro de mercados para familias vulnerables (adultos mayores, ayuda humanitaria para habitantes de calle) y el suministro de complementos alimenticios para estudiantes de escasos recursos de las instituciones educativas públicas, y anomalías en la campaña publicitaria para prevenir el contagio global.
La sanción cobijó también al secretario de Educación, Giovanny Córdoba, al director de Gestión del Riesgo, Armando Cabrera Rivera y a su secretaria privada Camila Mercedes Ortega, quien fungía como secretaria de la Mujer.
El 17 de agosto de 2023 (hace un año) la Sala Disciplinaria confirmó en segunda instancia la sanción de destitución e inhabilidad de Gorky Muñoz por nueve años y seis meses. Pero no pasó nada.
¿Qué pasó?
La Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Neiva remitió un mes después el proceso disciplinario al alto tribunal para que surtiera el recurso extraordinario de revisión, contemplado en la Ley 2094 de 2021, que reglamentó las funciones jurisdiccionales de la procuraduría. Un año después, la decisión sigue engavetada. Nadie explica las razones.
El expediente disciplinario fue remitido en septiembre de 2023 a la Sala Especial de Revision del Consejo de Estado, para que surtiera el grado de consulta.
Gorky terminó orondo su mandato y sigue en plena campaña política sin que este recurso extraordinario haya sido resuelto por la Sala Especial del alto tribunal después de un año de haberse radicado. ¿Quién baraja las cartas en el Consejo de Estado? Nadie responde.
Suspendido
El 23 de octubre de 2023 a pocos días de las elecciones, la Procuraduría General de la Nación suspendió al alcalde Gorky Muñoz por abierta participación en política. El funcionario, avalado por Cambio Radical, estaba de frente impulsando a sus candidatos Wilker Bautista para la Alcaldía de Neiva su fórmula de Cambio Radical, Víctor Andrés Tovar para la Cámara, y a otros aspirantes al Concejo y a la Asamblea.
Un polémico audio donde Gorky anunciaba “una inversión la hijueputa” para asegurar la elección de su antiguo Secretario Privado, rebosó la copa. Después de las elecciones la suspensión fue levantada.
A pesar de estos antecedentes, Gorky Muñoz, terminó su mandato tranquilamente, persiste en su férrea defensa alegando que actuó ajustado a la ley.
Desde entonces sigue en campaña pese a estar sancionado con destitución e inhabilitado por la Procuraduría y acusado por la Fiscalía por la irregular contratación del Programa de Alimentación Escolar y ayudas humanitarias para población vulnerable. En su criterio, pese a estos procesos, saldrá avante y será actor protagónico en la próxima campaña electoral con candidatos propios.
Como en la fábula clásica de Esopo, ¿quién le pone el cascabel a Gorky? Todos se quedaron callados.