Los recientes hechos de violencia sucedidos en el occidente del Huila y los límites con el departamento del Cauca como el triple secuestro en El Pital, el asesinato del líder comunal Carlos Eduardo Cerquera, el crimen del profesor Edgar Eduardo Victoria, entre muchos otros, merecen el repudio de la sociedad en general.
Ha sorprendido el silencio o el adormecimiento de muchos sectores del departamento del Huila a la hora de rechazar o condenar esta clase de insucesos protagonizados por disidencias de las Farc, una parte de ellas protegidas por la implementación de la denominada política de ‘Paz total’ del Gobierno de Gustavo Petro. Y más elocuente ha sido la afonía para reclamar acciones dirigidas a castigar a los responsables y poner en cintura a los grupos ilegalmente armados que están generando zozobra en una amplia región del territorio huilense y caucano.
El triple secuestro o los asesinatos de los señores Cerquera y Victoria no han sido los únicos hechos de violencia que han sacudido al occidente del Huila. Durante los últimos dos años, han sido repetitivos los episodios relacionados con homicidios, secuestros, extorsiones, retenes ilegales, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores de edad, entre otros. Y no se trata de ninguna percepción. Los informes oficiales y no gubernamentales que recogen la barbarie están a la vista de todos.
Lo peor que le puede pasar a una sociedad es que ante la violencia se quede callada y crea que es ‘normal’ que asesinen, secuestren o recluten en el occidente del Huila o en cualquier lugar del departamento.
Lo que debe haber es de parte de la sociedad es un gran acompañamiento a las autoridades, a la Policía, el Ejército, fiscales y jueces para que entre todos contribuyamos a devolverles la tranquilidad a regiones enteras del Huila sumidas en la violencia.
