El proyecto, clave para la reactivación, sigue paralizado. Contraloría llamó a responder a presuntos responsables de un nuevo detrimento patrimonial estimado en 62.825 millones de pesos.
RICARDO AREIZA
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
Las obras para la terminación del distrito de riego Tesalia-Paicol, clave para la reactivación económica, siguen paralizadas. La obra, lastimosamente continúa en el limbo.
El tercer contrato para realizar los últimos estudios y rediseños para la culminación del proyecto debía entregarse el 11 de enero de 2022, pero el plazo fue prorrogado, supuestamente por culpa de la pandemia, entre otras razones.
Después de 13 años de ejecución, el colosal paquidermo sigue pastando en las riberas del despilfarro. Con este último contrato adjudicado en noviembre de 2020 las inversiones superan ya los 227.324 millones de pesos. Y sigue estancado.
La Agencia de Desarrollo Rural, la responsable de su ejecución contrató el nuevo estudio de consultoría para verificación, complementación, actualización y elaboración de estudios y diseños detallados para la culminación del proyecto, que será estratégico para la seguridad alimentaria en tiempos de pospandemia.
Nuevo estudio
La contratación se surtió a través del Patrimonio Autónomo de Findeter (PAF) cuyo vocero y administrador es la Fiduciaria La Previsora.
La presidenta de la entidad estatal Ana Cristina Moreno Palacios aseguró que con esta consultoría, se definiría la hoja final de ruta para ejecutar las obras que restan. Sin embargo, líderes de la región, estiman que no habrá por ahora una pronta reanudación de las obras, que facilitarán
El contrato por 2.414 millones fue adjudicado el 10 de noviembre de 2020 al Consorcio Diseños TP y la interventoría por 916 millones al Consorcio Interventoría Riegos representado por Fernando José Manjarrés Cabas.
El plazo de ejecución pactado fue de 13 meses a partir 20 de noviembre de 2020, según el acta de inicio firmada en Bogotá el 11 de diciembre de 2020, es decir, que debía culminarse el 11 de enero de 2022. Sin embargo, no se cumplió.
Prórroga
Transcurridos los primeros seis meses el contratista pidió una prórroga, argumentando retrasos no planeados en la ejecución del proyecto. Entre otros, mencionó demoras en la obtención de permisos aéreos para captura de la información con fines de topografía detallada, condiciones climáticas con altas precipitaciones y efectos de la pandemia. También se presentaron retrasos en el componente catastral, por el paro nacional, y algunas dificultades con las comunidades indígenas.
El plazo de ejecución de la Fase I fue prorrogado por el término de 45 días, a partir del 11 de agosto de 2021 hasta el 24 de septiembre de 2021.
De acuerdo con la primera prórroga autorizada, la nueva fecha de terminación del contrato será el 24 de febrero de 2022.
Anomalías
Las investigaciones por las anomalías de los dos primeros contratos siguen a paso lento. La más avanzada, corresponde a la ejecución del segundo contrato, adjudicado en el 2014, aparentemente para terminar el monumental esperpento.
El contrato de obra 0939, adjudicado a la Unión Temporal Tesalia 2014, resultó un fiasco. Tuvo un valor inicial de 81.553 millones de pesos. Sin embargo, la inversión total alcanzó otros 114.353 millones de pesos, el 26,74% más de lo presupuestado inicialmente.
Las obras civiles que faltaban quedaron inconclusas, entre ellas, la conducción principal, la cámara de presurización, el paso elevado sobre el río Negro de Narváez y algunos tramos de los sistemas de distribución, la adecuación predial y otras obras que nunca terminó el consorcio Interriego (socio del Grupo Nule), dueño del primer contrato.
La investigación
Hace un año, el 19 de enero de 2021, el contralor General de la República, Felipe Córdoba, declaró este caso de impacto nacional (Auto Nº001 de 2021) y le dio prelación después de varios años de estar estancado.
Por competencia lo remitió a la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción. El 26 de enero de 2021, el caso quedó en manos del contralor Delegado Eduardo José Pineda.
El funcionario avocó el conocimiento el 10 de febrero de 2021, dispuso el cierre de la indagación preliminar y determinó un presunto sobrecosto originado en mayores cantidades de obra no justificadas y por lo tanto el pago indebido especialmente en explanación y excavación en roca, y transporte del material.
El contralor Delegado Intersectorial No. 03 Eduardo José Pineda Arrieta, cuantificó en 62.826 millones de pesos, el presunto daño patrimonial causado durante la construcción de la segunda fase del distrito.
Pagos injustificados
El funcionario encontró pagos injustificados por reconocimiento de mayores cantidades de obra, transporte y doble pago de actividades (Ataguía, cerca y ramales), así como mayores erogaciones en el contrato para revisar y corregir las obras y suministros producto de la ejecución del primer contrato de obra No. 0695 de 2009, adjudicado en el 2009 al consorcio Interriego (asociado al grupo Nule) por un valor de 78.652 millones de pesos.
También develó pagos por adquisición de tubería, válvulas, compuertas y estructura metálica del paso elevado del río Negro de Narváez, adquirida con recursos del primer contrato y no instalada, ni utilizada en la ejecución de las obras del distrito.
Sobrecostos
Un informe de apoyo técnico demostró que hubo un incremento injustificado en cantidades y exagerados sobrecostos. Específicamente hubo mayores cantidades de obra en dos ítem del contrato y en excavación en roca, (ítem que aumentó en un 307% más allá de la cantidad inicialmente prevista) y el transporte de material, actividad que alcanzó una cantidad final del 86.117% que supera ampliamente la cantidad inicialmente prevista en la fase de planeación.
Además, se pagó el doble del material granular para conformar la ataguía principal para desviar el río Negro de Narváez y ejecutar las obras en la margen izquierda de la captación del distrito. Igualmente se duplicó las cercas de alambre y estantillos en la bocatoma.
Se canceló tubería en PVC en sitios en donde no se hizo excavación ni rellenos. En otros casos se pagó la tubería que ya había sido instalada y pagada con el anterior contrato.
El contratista incurrió en mayores gastos en actividades para corregir, rehabilitar y arreglar los materiales suministrados durante la ejecución de la primera etapa.
“Al realizar el comparativo del precio unitario propuesto por el contratista de las dos actividades o ítems, con precios de mercado de las mismas actividades que se vienen desarrollando en obras de infraestructura en la zona del proyecto, se evidencia que hay un presunto detrimento al erario en cuantía de $36.617.319.403…”
Sin embargo, en el informe de apoyo técnico no se contempló el ítem “voladura controlada, para diferentes frentes del proyecto con el fin de proteger viviendas e infraestructura existente. Por lo tanto, la Contraloría realizó un ajuste a ese ejercicio adicionando los valores de este ítem lo que aumentó el posible detrimento. (Ver cuadro).
“Con este ejercicio llegamos a la determinación de un presunto daño patrimonial a la Agencia de Desarrollo Rural en cuantía de 39.590 millones de pesos originado en mayores cantidades de obra ejecutadas y el pago realizado por las mismas respecto de los ítems”, preció el contralor Pineda Arrieta.
En estas condiciones la cuantía final estimada del presunto daño patrimonial fue actualizada en el proceso de responsabilidad fiscal en 62.825 millones de pesos por la que podrían responder los contratistas, interventores y supervisores.
A responder
En primer lugar la Contraloría vinculó a los representantes legales de las empresas españolas Marco Obra Publica SA, sucursal Colombia, Guido Cadelo Raimondi y al gerente de la Constructora de Obras Municipales (Comsa SA), Andrés Sanmiguel Castaño, en calidad de miembros del consorcio Tesalia 2014.
Igualmente fue vinculada la firma Perdomo y Luna Ltda (Perlun Ltda), representada por el ingeniero Diego Fernando Perdomo Rojas o quien haga sus veces, como miembro de la Unión Temporal Tesalia 2014, contratista de obra.
Además, tendrán que comparecer Alirio Giovanny Cárdenas Rico, representante legal de la firma Edivial, integrante del consorcio; Arturo Mogollón Zuluaga, gerente de la empresa Asesorías, Interventorías, Diseño y Construcción (Aidcon Ltda) de Barranquilla; Angelito Caez Pérez, gerente de las empresa Caez Ingeniería y Arquitectura, también de Barranquilla; Carlos Caez Turizo, Carlos Augusto Cruz Ayala y Luz Beatriz González Jarro, quienes suscribieron los contratos adicionales y modificaciones al contrato original.
También responderán en este procesos fiscal los supervisores del contrato de interventoría, Manuel Alexander Tovar Ríos, Héctor Rodolfo Acevedo Strauch, Yineth Esperanza Guarnizo Rojas y Oscar Andrés Rosas Páez, quienes tenían la competencia y les asistía la obligación de exigir al contratista el pleno y adecuado cumplimiento del objeto contractual y no lo hicieron.
En el mismo proceso tendrán que responder los empleados del antiguo Incoder, Carlos José González Hernández y Carlos Adolfo Arenas Campos, quienes avalaron sin observaciones las actas de recibo parcial.
El 28 de octubre de 2021, el organismo fiscalizador remitió a los presuntos responsables fiscales el último informe técnico elaborado por el ingeniero civil Camilo Guaje Nieto, adscrito a la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector Infraestructura. También los citó a versión libre para que se pronuncien sobre la nueva imputación.
