El reclutamiento forzado es una clara violación al Derecho Internacional Humanitario. Las niñas, niños y adolescentes no deben integrar ningún grupo ilegalmente armado; no hay nada que justifique esta práctica que utilizó en el pasado las Farc y que ahora la ha retomado con muchísima fuerza en esta región del país las disidencias de ese grupo guerrillero y otras organizaciones ilegales en el territorio colombiano.
El incremento que ha tenido en los últimos meses el reclutamiento forzado de menores en el Huila es un episodio que debe despertarnos como sociedad y llevar a exigirle al Estado colombiano, en todos sus niveles, acciones para proteger y garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Es inmensamente preocupante, por ejemplo, que niños y niñas estén siendo reclutados en La Plata y el occidente del Huila por el frente Hernando González Acosta de las disidencias de las Farc, sin que hasta ahora exista una reacción institucional amplia, integral y contundente dirigida no sólo a recuperar a los menores que se han llevado sino a evitar que más casos se presenten en los pueblos del departamento.
El silencio que probablemente muchos en la región guardan por conveniencia política o ideológica, es peligroso. El reclutamiento y la utilización de niños, niñas y adolescentes en la guerra es un delito que toma cada vez más fuerza y al que aún no se le da prioridad en las políticas nacionales, regionales y locales.
Cada caso de reclutamiento ilegal representa un niño o niña que dejó de ir al colegio, de hacer parte de su núcleo familiar, de abandonar su entorno social. Y terminan convertidos en sicarios, ‘campaneros’, informantes, y en el caso de las niñas, cocineras y víctimas de violencia sexual.
El grave problema además con el reclutamiento ilegal es su impacto en las familias y comunidades que, atemorizadas por las balas de los fusiles, no pueden denunciar.
Que quede algo claro: el Estado no puede dejar solos a los niños y niñas que son reclutados ilegalmente.
