No tiene ninguna carta de presentación el bochornoso episodio relacionado con los disidentes de las Farc con órdenes de captura vigentes que fueron descubiertos movilizándose en una caravana de vehículos blindados de la Unidad Nacional de Protección, UNP, en el departamento de Antioquia.
El hecho, además de escandaloso, dejó abiertos serios interrogantes sobre el uso que cabecillas de las disidencias de las Farc que están en negociaciones de paz con el Gobierno de Gustavo Petro, le dan a los vehículos y al personal destinado para su protección, y pone en entredicho el real compromiso de reconciliación por parte de los jefes de estos grupos ilegalmente armados.
De acuerdo con el reporte que entregaron las autoridades, fue una caravana de 7 camionetas de la UNP que se encontró con un puesto de control del Ejército en el nordeste antioqueño. Los militares, al notar que en estos vehículos viajaban varios disidentes de las Farc reconocidos, decidieron detenerla, lo que generó un gran ‘tire y afloje’ que acabó con varios capturados, algunos de los cuales fueron dejados en libertad por orden de la Fiscalía General de la Nación.
Ha llamado la atención que durante el registro a los vehículos oficiales, fueron encontrados más de $100 millones en dinero en efectivo, varios gramos de oro puro, dos computadores portátiles, un teléfono satelital, dos pistolas calibre 9 milímetros, una empuñadura de fusil y al menos una decena de memorias USB.
Está más que claro que los vehículos de la UNP no pueden ser utilizados para transportar personas con órdenes de captura vigentes, visitar zonas de guerra o cargar material bélico.
Con toda razón, ciudadanos en redes sociales han expresado toda la semana una gran indignación por este hecho, que contrasta con la vulnerabilidad en que se encuentran muchos servidores públicos del país, es decir, mientras cabecillas de organizaciones ilegales se mueven a sus anchas en vehículos blindados pagados con los impuestos de los colombianos, funcionarios amenazados están desprotegidos.