Redención de penas

Sin mucho aspaviento pero apuntándole a un serio problema que es de la esencia del orden público, Sin mucho aspaviento pero apuntándole a un serio problema que es de la esencia del orden público, se está tramitando el proyecto del Gobierno Nacional que reforma el Código Penitenciario y Carcelario, para remplazar la Ley 65 de 1993, con 121 artículos y nueve títulos, para regular los derechos, los deberes y el tratamiento de los internos; la vigilancia interna y externa de los establecimientos de reclusión; los beneficios penitenciarios; los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad (vigilancia electrónica, detención domiciliaria, entre otros); los permisos de salida sin vigilancia; la ayuda “postpenitenciaria”; la educación y el trabajo de los internos, entre otros temas. Como interesante se puede señalar que la propuesta oficial plantea que el Estado pueda contratar con particulares la construcción, el mantenimiento, la conservación, la vigilancia interna y la administración u operación, total o parcial, de los establecimientos de reclusión. Y para ello podría utilizar el sistema de concesión y tercerizar cualquiera de las funciones y servicios que se requieran para el funcionamiento de las cárceles. Es decir una abierta privatización de la capacidad represiva del Estado. Además, se propone crear un estricto sistema de redención de penas por estudio, basado en logros y no simplemente en horas de asistencia. De salir adelante esta iniciativa, que seguramente lo será por el impulso del mismo Gobierno, solamente los presos que obtengan los logros en los distintos programas académicos podrán acceder a este beneficio, acabando así de paso con un corrupto sistema que hoy permite que peligrosos criminales logren su libertad amparados en espurios certificados y constancias. También se considera someter a vigilancia o condiciones especiales los permisos excepcionales de 72 horas y de 15 días que se conceden actualmente a los internos, con el fin de que las autoridades ejerzan los debidos controles y se termine con lo que, coloquialmente, podríamos llamar la “guachafita” de salidas de presos a cosas distintas que visitar a sus familias o trabajar. Hay en esto un largo listado de asuntos que llevan años sin resolverse, y que han convertido al sistema penitenciario colombiano en una verdadera burla al interés represivo y de castigo que conllevan las penas judiciales. Sin embargo, queda un asunto pendiente, que hace parte del mismo esquema político y jurídico desequilibrado y excluyente que el país ha tenido desde su vida republicana hace doscientos años: la real igualdad entre los presos, puesto que se mantienen los privilegios, consideraciones especiales y centros de reclusión estrato 6 para determinados sujetos procesales, por su condición social, económico y, particularmente, política. Extraña que no se aborde ese asunto, como sí lo han practicado desde décadas atrás otros países, donde ninguna condición particular, excepto la de pertenecer a la Fuerza Pública, tiene privilegio. En todo caso se trata de un nuevo y loable propósito de intentar poner orden a un caos, hacinamiento, corrupción y sistema ya crónico de problemas, amén de que significa un altísimo costo presupuestal a cargo de todos los colombianos. DESTACADO “Solamente los presos que obtengan los logros en los distintos programas académicos podrán acceder a este beneficio…” EDITORIALITO Dos años cumple hoy EL LÍDER, el primer diario del Caquetá. El esfuerzo de la Editora Surcolombiana y el respaldo de todos los sectores han permitido mantener a la vanguardia reflejando las aspiraciones, angustias y grandezas de esta rica zona, puerta de oro de la Amazonía colombiana.