Dos demandas por vicios de trámite y la falta de consulta previa definirán la suerte de la polémica iniciativa cuya legalidad examinará hoy la Corte Constitucional. Dos demandas por vicios de trámite y la falta de consulta previa definirán la suerte de la polémica iniciativa cuya legalidad examinará hoy la Corte Constitucional. LA NACIÓN, Neiva El polémico Sistema General de Regalías que cercenó de raíz un derecho de las zonas petroleras, pasará hoy su primera prueba de legalidad en la Corte Constitucional. 
Dos demandas, por vicios en el trámite, pero además, la falta de la consulta previa obligatoria, marcarán el futuro de la controvertida reforma que puso en vilo a las regiones petroleras. Las demandas fueron presentadas por Rubén Darío Bravo Rondón y José Manuel Abuchaibe, argumentando un vicio de trámite en el Congreso y que el texto final de la reforma no fue sometido a consulta previa a las comunidades indígenas. La omisión de la consulta previa pone en serio riesgo de inconstitucionalidad tanto al a Acto Legislativo 05 de 2011 como al decreto-ley reglamentario que constituyen el fundamento legal para el nuevo Sistema General de Regalías. La Constitución es categórica cuando establece que “la explotación de los recursos naturales en los territorios indígenas se hará sin desmedro de la integridad cultural, social y económica de las comunidades indígenas”. Además, establece que “en las decisiones que se adopten respecto de dicha explotación, el Gobierno propiciará la participación de los representantes de las respectivas comunidades”. Y no se hizo. Reparos Aunque la Procuraduría desestimó los cargos y solicitó a la Corte Constitucional que avale la reforma, otros especialistas consideran que esta omisión puede generar un duro revés. “La omisión de la consulta previa es un vicio de forma que se proyecta sobre el contenido de la medida legislativa respectiva y que, por tanto, puede viciar la constitucionalidad del Acto Legislativo”, explicó en analista Amylkar Acosta. “Precisamente- dijo- la omisión de la consulta previa en su trámite y aprobación llevó a la Corte Constitucional a tumbar la ley forestal, el estatuto rural y más recientemente la reforma del Código de Minas”. A juicio de la Procuraduría, la norma demandada buscó reformar la regulación sobre regalías, “bajo un contexto de redistribución del ingreso procedente de la explotación del subsuelo y de los recursos naturales no renovables, a partir de la premisa que estos pertenecen al Estado y no a un sector específico del mismo”. Salvavidas Los alcaldes y gobernadores de las zonas petroleras, entre ellas el Huila, confían en que la Corte Constitucional, sea el salvavidas. No solo por los recortes de regalías directas que afectó los programas de inversión. También por la afectaciones en sus programas de desarrollo. El texto de conciliación de la reforma no ha sido aprobado en el Congreso, considerando los graves efectos que ha tenido para las finanzas territoriales. El Departamento Nacional de Planeación admitió que 69 proyectos de desarrollo departamentales y municipales están paralizados por que no están operando los Órganos Colegiados de Administración y Decisión, claves para su aprobación.
