La problemática ya endémica del sistema nacional de Salud colombiano, no obedece a falta de recursos económicos, sino a deshonesto uso y legal manejo del presupuesto del sistema. El actual sistema nacional de salud (Ley 100/93), en esencia y por sus resultados, fue motivado y estructurado para convertir un derecho fundamental en un negocio, de alta rentabilidad en beneficio de particulares.
Los poderes públicos y el marco jurídico que rige el sistema de Salud, han facilitado la satisfacción de objetivos privados de rentabilidad. Las deficiencias y precariedades, en accesibilidad y calidad del servicio, desde el inicio, fueron evidentes.
La institucionalidad estimuló la privatización de la oferta asistencial. Hubo improvisación y anarquía en la implementación del nuevo negocio, favorable únicamente al sector privado. Hubo y hay diagnósticos acertados sobre causas de las deficiencias en calidad del servicio, específicamente por muy deficiente supervisión de la calidad y control integral de costos del sistema. Ante hechos evidentes de deficientes controles, los gobiernos se han negado a mejorarlos y corregirlos.
Con más de 250 decretos reglamentarios de la ley 100/93, con dos leyes reformatorias y una estatutaria (ley 1751/2.015), la situación en calidad, control y regulación del servicio, tanto en procedimientos diagnósticos como terapéuticos, son cada día peores. El ordenamiento legal, en que se fundamentan el sistema, mantiene irresponsablemente todos los factores que lo precarizan, mientras garantizan la rentabilidad del prestador privado, hospitales e IPS.
La Ley 1122/2.007, fue aprobada para mejorar la prestación de servicios al usuario. La Ley 1438/2.011, para fortalecer el sistema general de seguridad social en salud. Los resultados, hasta la fecha, son totalmente contrarios al supuesto propósito de las leyes que lo rigen.
Con la ley 100/93, pretendían alcanzar cobertura total en el año 2000. En ese año, Colombia ocupaba el puesto 41, entre 191 países (OMS). Y desde el 2013, el sistema estaba colapsado y cooptado por la corrupción de toda índole, coadyuvada por la irresponsabilidad e impunidad institucional, situación que continúa bajo el mismo espectro, efectos y amenazas.
El sistema es inviable, por irresponsabilidad del Poder Público o sea, del Régimen político-económico vigente, caracterizado por el favoritismo explícito, a favor de unos pocos explotadores del negocio y la corrupción administrativa en EPS e IPS. Creció la cobertura por afiliación, pero sin atención con calidad, ni oportunidad. La simple afiliación no garantiza buen servicio y protección de salud. El sistema de salud lo convirtieron en un negocio, entregado a habilidosos explotadores. Más del 80% de la oferta de servicios (Hospitales y Clínicas), son privadas y un alto porcentaje corresponde a la integración vertical. El sistema puede salvarse manteniendo lo positivo de la Ley 100/93, mediante una unas reformas que lo reestructure integralmente, bajo el criterio de que es un servicio para responder por un derecho fundamental y no un negocio para maximizar ganancias del sector privado. Si vía Congreso no es posible, se debe recurrir al Constituyente Primario y el uso del referendo, como derecho consagrado en la Constitución del 91.
La problemática financiera del sector, no obedece a falta de recursos económicos. La suma de los recursos financieros del sistema, proyectados para el año 2020, superó los $76 billones, los del año 2023, $84 billones y lo apropiado para 2024, alcanza los $93 billones. Suficientes para garantizar, bajo racional control del Estado y costos unitarios racionales, sin corrupción, ni integración vertical, servicio en salud de calidad y oportunidad, a todos los colombianos.
La irresponsabilidad de los Gobiernos, en control y vigilancia del sistema, lo ha hecho inviable y convertido en filón de delincuentes de cuello blanco. La apropiación ilegal de los dineros de la salud ha sido creciente, desde la vigencia de la ley 100/93. En el 2000, fue creado un Grupo Élite, en la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía, para recuperar los dineros perdidos de la salud (en ARS).
Existen los fantasmas burocráticos de la CRES y Superintendencia Nacional de Salud, destinados a vigilar y controlar los actores del sistema. Las investigaciones, no arrojan resultados satisfactorios. La justicia esta corrompida hasta la médula. Los saqueadores del sistema, gozan de total impunidad. Los gobiernos han sido defensores incondicionales de las EPS privadas. En particular los gobiernos de derecha y específicamente, los de Uribe Vélez, para acabar con las EPS públicas, hasta lograrlo, como ocurrió con el Instituto Colombiano de Seguros Sociales ICSS, entre muchos otros.
Uribe Vélez, señaló como causa básica de la crisis financiera del sector, la irresponsabilidad médica por los abusos del «no POS» y criminalizó el ejercicio de la profesión, por recetar remedios demasiado costosos, pero él mismo ordenó desregular los precios de medicamentos, en los primeros seis años de su primer gobierno.
Los gobiernos se han negado a hacer control y regulación efectivos de los precios de los medicamentos. Se han negado a regular y controlar precios de medicamentos y de costos racionales de cada procedimiento diagnóstico y terapéutico. Tanto precios de medicamentos como de procedimientos diagnósticos y terapéuticos, sin excepción, deben ser racionalmente calculados, regulados y controlados, dentro del ordenamiento legal vigente, en toda la nación.
Las EPS tenían definido el porcentaje que deben destinar a la promoción, atención en salud y a gastos de administración. No lo acataron. Se dedicaron a capitalizarse con esos dineros. Nadie hizo control oportuno. Los gobiernos, obsecuentes con la irresponsabilidad de la clase política y los objetivos del mercado, son los únicos responsables de los altos costos y pésima calidad del servicio de salud, y del caos administrativo, operativo y económico que ahoga al sistema.
Investigaciones, desde hace un tiempo, indican que las EPS privadas, en los primeros 20 años de funcionamiento, acrecentaron su patrimonio particular, privado, 177 veces. Hubo y hay oídos sordos al respecto. La pandemia desnudó la precariedad e inequidad salarial del deficiente sistema. Más del 80% de los trabajadores del sistema de salud, tienen vínculo laboral por prestación de servicios.
48% tienen que adquirir por su cuenta los recursos logísticos de protección laboral y un alto porcentaje no recibe los decrecientes pagos de honorarios oportunamente, entre muchas otras injusticias y falencias del sistema. La pandemia dio la oportunidad de desnudar, conocer y reconocer la precariedad del sistema.
El Gobierno y el Congreso, tienen la obligación de actuar para responder por toda la problemática del sistema nacional de salud y de ordenar investigaciones sobre los responsables de toda la problemática relacionada con la salud, el manejo de los recursos, los costos unitarios, tanto de medicamentos como de recursos logísticos, operativos, administrativos y procedimientos diagnósticos y terapéuticos.
Todo el sistema nacional de salud colombiano, debe ser reestructurado. Los ciudadanos tienen el derecho de exigirlo. Si a través del congreso es imposible hacerlo, el Constituyente Primario, tiene derecho legal de hacerlo, mediante Referendo constitucional, y el gobierno de turno, la obligación política, de apoyarlo, en lo que la Constitución y la ley lo permitan.
