El gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera se refirió a los alcances del proyecto que busca girarles más plata a los territorios, por medio de una reforma al Sistema General de Participación. “Se han asignado a los entes territoriales, especialmente a las gobernaciones, numerosas competencias sin recursos suficientes”, rechazó.
La reforma al Sistema General de Participación (SGP) está siendo aplaudida por los mandatarios del país, gobernadores y alcaldes ven en este proyecto, al cual le restan dos debates, una oportunidad para fortalecer la autonomía administrativa de las regiones. Para el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba significa además la posibilidad para reducir la desigualdad; el mandatario le detalló a LA NACIÓN de qué se trata la medida y cuáles serán los alcances para este departamento.
Gobernador, ¿qué le representa el proyecto que busca girarle más recursos a los territorios?
El acto legislativo que actualmente cursa en el Congreso de la República para reformar el Sistema General de Participación representa el inicio de una lucha histórica por la autonomía territorial. La Constitución de 1991, conocida como la Constitución de los derechos, establece claramente que debe garantizarse el progreso del país y prevé que las regiones deben recibir progresivamente hasta el 48% de los ingresos corrientes de la Nación. Asimismo, esta Constitución define a Colombia como un país unitario, descentralizado administrativa y políticamente.
Pero esa descentralización no se ha dado…
Así es. Esta descentralización administrativa no se ha materializado. Por el contrario, en 2001 y 2007 se implementaron contrarreformas que frenaron la progresividad del Sistema General de Participación, reduciendo el porcentaje esperado de transferencia a las regiones, que actualmente oscila entre el 20% y el 24%, lejos del 48% inicialmente planteado.
¿Qué se está proponiendo en el Congreso?
En el Congreso, la primera vuelta de esta iniciativa propone un 39.5%, un paso importante, aunque el objetivo debe ser alcanzar progresivamente entre el 46% y el 48%. Esto no se logrará de la noche a la mañana, especialmente considerando las contrarreformas que han obstaculizado la descentralización y la autonomía de las regiones. Mientras tanto, se han asignado a los entes territoriales, especialmente a las gobernaciones, numerosas competencias sin recursos suficientes, situación que los tiene asfixiados.
¿Cuáles son esas responsabilidades adicionales y por qué son un problema?
A los entes territoriales se les ha transferido la responsabilidad sobre funciones penitenciarias, atención a víctimas, comunidades indígenas y afrodescendientes, y algunos aspectos de la educación superior, además de la alimentación escolar (PAE) y el transporte escolar. Estas responsabilidades, asignadas sin los recursos correspondientes, han dejado a las regiones con una carga financiera insostenible. Además, con los escasos recursos disponibles, enfrentan órdenes judiciales, tutelas y acciones populares, que aunque legítimas, también demandan gastos adicionales.
Así las cosas, la situación de departamentos y municipios es cada día más crítica. Por eso, resulta alentador que ahora se busque fortalecer la autonomía territorial, conforme al espíritu de la Constitución de 1991, que estipula un traslado progresivo de recursos de los ingresos corrientes de la Nación. Considero positivo este proyecto, que debería complementarse con una ley de competencias adecuada a las responsabilidades transferidas.
¿Qué otros beneficios trae el proyecto de reforma al SGP?
Esta es una oportunidad invaluable para, con mayores recursos del Sistema General de Participación (SGP), reducir las brechas sociales que no han podido cerrarse por falta de fondos en las regiones. Además, el actual sistema de subsidios es ineficaz, ya que beneficia repetidamente a los mismos grupos y no contribuye a erradicar la pobreza en un porcentaje significativo de colombianos.
Finalmente, varios mandatarios rechazan que hay una excesiva tramitación, ¿qué opina?
Es algo innegable, incluso para los más centralistas, que Colombia es uno de los países más centralizados del mundo. En Bogotá, los gobernadores y alcaldes se ven obligados a gestionar recursos y proyectos, pasando de oficina en oficina para obtener autorizaciones que deberían ser automáticas en las regiones. Las regalías, que pertenecen a las regiones, también requieren una excesiva tramitación. Es necesario romper de alguna forma este obstáculo que impide la descentralización. Este proyecto, en mi opinión, representa un avance significativo hacia la autonomía territorial que el país necesita.
La advertencia del Banco de la República
De acuerdo con información oficial del Banco de la República, las presiones cambiarias recientes “han estado asociadas a la fortaleza del dólar a nivel global, a la caída del precio del petróleo y a la incertidumbre en torno a la situación fiscal en Colombia”. Explicó el emisor que, “esta última, obedece a factores de corto y mediano plazo como el desfase de los recaudos tributarios, y los faltantes de financiamiento del presupuesto de 2025. A esto se suma el trámite del Acto Legislativo que transcurre en el Congreso para la reforma el Sistema General de Participación, que podría comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas”. En suma, apuntó que “despejar estas dudas es un requisito indispensable para serenar los mercados y mantener la estabilidad macroeconómica del país”.
