Reformita

A pesar de las críticas y los clamores, el Congreso aprobó finalmente la reforma a la salud que no tiene toda la trascendencia que se había anunciado, ni resuelve de una vez, toda la problemática del sector. 

Si bien avanza en la inclusión y el respeto de la multiculturalidad en la prestación del servicio, así como las medidas de regulación de precios de los medicamentos y la protección a personas menos favorecidas, no aborda los problemas estructurales que han venido afectando la prestación de ese servicio, que ahora, se consagrará como un derecho fundamental. La iniciativa no elimina la tutela, establece estrictos controles a los precios de los medicamentos y prohíbe negar servicios a los pacientes argumentando razones económicas.

Aunque la leyestablece que se respetará, protegerá y garantizará el goce efectivo del derecho fundamental a la salud con calidad, oportunidad, continuidad y equidad, el acceso a la salud estará supeditado al presupuesto del Estado, que será el que otorga directamente la sostenibilidad fiscal en la prestación del servicio.

No obstante la ley aprobada finalmente preserva el modelo privatizador contenido en la Ley 100/93. Según el esquema, el Sistema de Salud estará organizado en redes integrales de servicios de salud, las cuales podrán ser públicas, privadas o mixtas. Este modelo antes que proteger y garantizar el derecho fundamental a la salud, mantiene el negocio de los privados. Como lo contempla la Ley Ordinaria mantiene las Empresas Promotoras de Salud, EPS, ahora bajo la modalidad de “Empresas Gestoras”, que serán las mismas EPS sólo que ahora no manejarán los recursos del sistema sino que se encargarán de administrar los procedimientos, las citas médicas, los medicamentos, que han representado los lunares de estas entidades.

En otras palabras, la intermediaciónduramente cuestionada, seguirá a la orden del día. Lo aprobado en la ley estatutaria establece un sistema de exclusiones explícitas y prestaciones en salud cubiertas, es decir, un plan de beneficios que serán definidos en la ley ordinaria.

Además, conserva incólumes las llamadas cuotas moderadoras y los copagos que afectan el bolsillo de los usuarios y restringen el acceso a la salud.

Las restricciones a los procedimientos, medicamentos y tratamientos así como a la ausencia de planes reales para avanzar en los determinantes de salud y a una verdadera salud preventiva quedaron pendientes. La Corte Constitucional tendrá ahora la palabra para determinar la legalidad los textos aprobados a la carrera, que no constituye la mega reforma que todos esperábamos.

“La Corte Constitucional tendrá ahora la palabra para determinar la legalidad los textos aprobados a la carrera, que no constituye la mega reforma que todos esperábamos”.

Editorialito
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