Errar es humano. No somos perfectos y, por tanto, estamos expuestos a equivocarnos cuando tomamos una decisión, cuando actuamos, cuando hablamos, cuando escribimos o cuando dejamos de hacer algo que debíamos haber hecho.
Pero, desde luego, también somos seres racionales, capaces de reconocer el error, enmendarlo, corregirlo y de adecuar nuestra conducta futura con el objetivo de no repetir ni persistir en la equivocación.
Sin embargo, una cosa es el error y otra muy distinta la deliberada intención de provocar un efecto, a sabiendas de su equivocado objeto, peor aún si se causa un daño. Y más grave todavía si quien incurre en el acto correspondiente es un servidor público, aprovechando su función pública.
Estas distinciones vienen a propósito de la indebida y abusiva actuación de un miembro de la Cámara de Representantes -creo que de apellido Polo-, mediante la cual, previas palabras insultantes, incurrió en una vía de hecho consistente en agredir una exposición simbólica ubicada en las instalaciones de la corporación como homenaje -por parte de una asociación de madres- a las víctimas de los llamados falsos positivos, sus hijos.
Se trataba de botas pintadas con figuras y palabras en recuerdo de los jóvenes asesinados o desaparecidos durante esos execrables actos criminales de lesa humanidad -al menos 6.402, según lo ha expresado la Jurisdicción Especial de Paz (JEP)-; botas que fueron recogidas por el representante a la Cámara y otra persona, para llevarlos y arrojarlos a la basura. Ellos mismos grabaron el acto de ofensa y revictimización contra las madres, para el buscado impacto mediático. No fue un error sino un acto premeditado.
Para eso no son elegidos los miembros de las cámaras. Ellos, por el contrario, deberían actuar, en ejercicio de sus cargos, para dictar normas que garanticen la justicia, verdad, reparación y certeza de no repetición de las terribles conductas de las que se trata, así como la responsabilidad y sanción de sus autores.
No se olvide que los congresistas son servidores públicos. Como tales, solamente pueden obrar dentro de las funciones que les corresponden y que están clara y taxativamente fijadas en la Constitución: reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer el control político, dentro de las reglas señaladas en el ordenamiento.
Por paradoja, en el caso del que se trata, los indignos actos y palabras del congresista, orientados a revictimizar a las madres de Soacha y de todo el país -muchas de las cuales siguen llorando a sus hijos, sin haberlos encontrado- provocaron el efecto contrario: la solidaridad y el respaldo de los colombianos, y el justificado rechazo colectivo al agresor.
Son actos que merecen el repudio público y con mayor razón si provienen de un congresista, supuesto representante del pueblo. Es como si alguien quisiera ofender y revictimizar a los familiares de los más de dieciocho mil casos -también documentados por la JEP- de niños, niñas y adolescentes contra los cuales las Farc cometieron gravísimos delitos de secuestro, reclutamiento, violencia sexual y otras atrocidades, durante el conflicto armado.
Tanto en uno como en otro caso es reprochable toda modalidad de ataque y revictimización de esas miles de familias colombianas, mucho más si proviene de servidores públicos.
