Preocupa de sobremanera la ruptura entre el aparato productivo y el Gobierno Nacional. El distanciamiento era predecible en lo político, en el marco de la retórica populista del progresismo latinoamericano que busca adeptos “anticapitalistas” para conseguir réditos electorales. Las consecuencias son claras: hoy en día, Colombia tiene un sector industrial cada vez más debilitado en su estructura evolutiva, destruyendo plazas de trabajo periodo tras periodo, perdiendo relevancia como sector estratégico para el crecimiento y consolidación del desarrollo, y no menos importante, la capacidad exportadora para el impulso del comercio internacional.
Es preciso destacar que la coyuntura del sector industrial no es atribuible en su totalidad al actual Gobierno; históricamente ha sido un desafío materializar un emprendimiento y perdurar en el tiempo. No obstante, las condiciones actuales muestran que la labor del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo es bastante cuestionable en lo concerniente a la generación de políticas e incentivos al crecimiento empresarial. Esto, conjugado con la reforma tributaria de 2022 y otros elementos de eventos locales e internacionales, han sido catalizadores para esta gran ruptura.
Como sustento, los indicadores al respecto no respaldan la gestión de Petro en la materia. Al cierre del 2023, las vicisitudes de la industria manufacturera se hicieron más evidentes, culminando el año con un decrecimiento anual del -3.5%, lo cual deja a este sector muy rezagado en comparación con otros. Lo peor de la situación es que el pesimismo empresarial se profundiza cada vez más, considerando que, según las cifras del DANE, la rama ha experimentado una reducción del 2.2% según el Índice de Producción Industrial (IPI). Además, el Índice de Confianza Industrial emitido por Fedesarrollo evidencia un decrecimiento del 2.6% al cierre del primer trimestre del presente año.
Como si fuera poco, recientemente se ha informado sobre la salida de General Motors de Colombia. A esto se suma el cierre, liquidación o reorganización de otras empresas emblemáticas del país, que en conjunto, y de manera negativa, han impactado el desarrollo empresarial. Si se descuenta el efecto de los hidrocarburos, también condenados a desaparecer por el actual Gobierno, queda un país relegado en su competitividad en este aspecto de la economía, lo que profundizaría la necesidad de importar bienes de capital para suplir estas carencias que no se logran producir internamente.
Las altas cargas tributarias para las empresas en comparación con otros países pares y de las OCDE, la inseguridad jurídica y humana, la falta de incentivos a la producción nacional, el contrabando y un ambiente hostil en las altas esferas del actual Gobierno se mezclan como un cóctel que envenena cada día más la economía. Además, los excesos de intervencionismo que amenazan diariamente a los sectores empresariales han frenado la inversión privada, por lo que la formación bruta de capital está en su peor momento. Al final de este cuatrienio presidencial, la “economía popular” será un fracaso si no se toman las medidas correspondientes. Sin producción y crecimiento, no hay riqueza que distribuir.