Responsabilidad política

El ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra asumió la responsabilidad política por los errores, omisiones o desaciertos de la propia gestión frente a un proyecto de reforma que se descarriló y renunció irrevocablemente, en un gesto de dignidad admitiendo su fracaso. El ministro de Justicia Juan Carlos Esguerra asumió la responsabilidad política por los errores, omisiones o desaciertos de la propia gestión frente a un proyecto de reforma que se descarriló y renunció irrevocablemente, en un gesto de dignidad admitiendo su fracaso. Esa responsabilidad exigida principalmente por la opinión pública fue tan unánime y contundente que la permanencia en el cargo era insoportable. Esguerra responsable políticamente, dimitió por voluntad propia, aceptó que era insostenible para seguir ejerciendo el cargo, que perdió la confianza en la opinión nacional y fracasó en la tarea de sacar adelante una reforma integral o por lo menos atajar a tiempo los “micos” que los conciliadores introdujeron a última hora en beneficio propio. El presidente Santos, quien reaccionó tardíamente ante el terremoto que provocó semejante esperpento, no debe pensarlo dos veces. No tiene otra opción que aceptar sin vacilación, la renuncia del ministro Esguerra. A pesar de ser aquilatado jurista y experimentado ex constituyente, Esguerra no ejerció el control político que requería para sacar adelante una reforma trascendental. Y menos para impedir, como ocurrió, que los inescrupulosos conciliadores, aprovecharan las circunstancias para sacar ventaja. Pero la responsabilidad política, pilar de un estado democrático, no es solo suya. El ministro del Interior Federico Renjifo, encargado del manejo de las relaciones con el Congreso, tampoco estuvo a la altura de las circunstancias ni supo honrar esa confianza. Tampoco Germán Vargas Lleras, el principal promotor de la iniciativa. La conciliación final comenzó a descarrilarse con la conformación de la comisión encargada de aprobar el texto final de la contrarreforma. Sorpresivamente el presidente de la Cámara Simón Gaviria excluyó sin explicaciones a ponentes como Alfonso Prada, Guillermo Rivera, Germán Navas, entre otros, quienes formularon serios reparos al texto final objeto de la conciliación. También tiene responsabilidad el presidente del Senado Juan Manuel Corzo, quien siguiendo ese camino, sacó a críticos opositores como Juan Carlos Vélez y a Luis Fernando Velasco. Y por supuesto que también tienen responsabilidad la mayoría de los congresistas que se plegaron al gobierno y renunciando al control político, aceptaron sin objeciones la propuesta de una reforma duramente cuestionada por distintos sectores. Y como era de esperarse, terminó convertida, en una locomotora de impunidad, como acertadamente la han calificado. La vergonzosa reforma acabó de un solo tajo con el régimen de inhabilidades contemplado en la Carta Política de 1991, levantó la muerte política para los condenados por parapolítica quienes una vez cumplidas sus sanciones penales quedarían habilitados para seguir aspirando y concedió, olímpicamente, libertad inmediata a los congresistas presos y a los altos funcionarios investigados. Con semejantes vagones, los carriles de la impunidad estaban trazados. DESTACADO “El presidente Santos, quien reaccionó tardíamente ante el terremoto que provocó semejante esperpento, no debe pensarlo dos veces. No tiene otra opción que aceptar sin vacilación, la renuncia del ministro Esguerra”. EDITORIALITO Detrás de las fiestas que entran en pleno furor, también llegan las bandas de delincuentes, quienes aprovechan la temporada para perpetrar todas sus fechorías. La ciudadanía debe estar alerta. Y a las autoridades les corresponde ejercer el control para neutralizar la criminalidad.