El proceso de restitución que adelanta el gobierno colombiano para que víctimas del conflicto armado retornen a sus tierras, podría provocar un aumento en la violencia y las amenazas contra los desplazados, dijo la ONG Human Rights Watch (HRW) en un informe divulgado hoy.
"Es predecible que el nivel de amenazas y violencia aumente a medida que avancen las miles de solicitudes de restitución en curso, las familias empiecen a retornar a sus hogares y quienes pretenden preservar las tierras que obtuvieron ilegalmente vean afectados sus intereses", reseñó la ONG.
"Si Colombia no adopta medidas adicionales para poner freno a los abusos, es probable que el problema se agrave considerablemente", añadió.
El director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, dijo que "intentar recuperar la tierra a menudo implica asumir riesgos y vivir atemorizado", mientras que "quienes obligan a los campesinos a desplazarse, se apropian de sus tierras y los atacan por intentar recuperarlas, prácticamente nunca tienen que rendir cuentas".
En el informe, titulado "El riesgo de volver a casa: violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia", HRW da cuenta de 17 asesinatos de reclamantes ocurridos desde 2008 y más de 80 casos de personas que han recibido "graves amenazas" por buscar recuperar sus terrenos.
Además, recoge 30 casos de nuevos desplazamientos, en los que "reclamantes debieron abandonar su hogar una vez más tras sufrir abusos vinculados con sus intentos de restitución o activismo".
El informe detalla que desde enero de 2012 más de 500 reclamantes denunciaron haber recibido amenazas ante las autoridades, mientras que éstas determinaron que más de 360 personas se encuentran en "riesgo extraordinario debido a sus actividades vinculadas con la restitución de tierras".
Vivanco dijo que "sólo se podrá garantizar verdaderamente la protección de las víctimas si se juzga a sus agresores y se rompe el control que las mafias paramilitares aún ejercen en varias zonas a las cuales intentan retornar familias desplazadas".
Aunque la ONG estimó que las medidas de protección aplicadas por el gobierno -como entrega de chalecos antibalas o asignación de escoltas a los reclamantes amenazados- son "muy importantes", son solo "paliativos", pues mientras no se juzgue a los despojadores será difícil frenar la violencia.
En enero de 2012 entró en vigencia la Ley de Restitución de Tierras con la intención de devolver cerca de dos millones de hectáreas usurpadas en los últimos 20 años en Colombia, uno de los países del mundo con más desplazados por la violencia.
Este programa de restitución, que forma parte de una iniciativa más amplia de reparación a las víctimas del conflicto armado de casi medio siglo, tiene unidades de investigación de las denuncias y jueces especiales para revertir los despojos de tierras.
Sin embargo, HRW apuntó que hasta junio de este año se había dictado sentencia apenas en 1% de las más de 43.000 reclamaciones recibidas desde 2012 y "solamente una familia había regresado a vivir en su tierra como resultado de sentencias" emitidas tras la aprobación de la ley.
Según HRW, la violencia asociada al conflicto armado ha forzado a más de 4,8 millones de colombianos a dejar sus hogares desde 1985. Esos desplazados han abandonado "6 millones de hectáreas de tierra, gran parte de las cuales fueron usurpadas por grupos armados y sus aliados".
El tema de la propiedad de la tierra está en el origen del conflicto armado de Colombia y es el único punto en el que hasta ahora ha habido consenso en la mesa de conversaciones de paz que llevan a cabo en La Habana el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC.
En Colombia, 52% de la gran propiedad rural está concentrada en 1,15% de la población; mientras que el resto tiene terrenos pequeños y medianos, según el informe de Desarrollo Humano 2011 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).