En medio de aplausos, el Gobierno Nacional radicó en el Senado el proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Agraria y Rural. Sin embargo, parte de la interpretación del articulado revivió el fantasma de la expropiación exprés.
La Jurisdicción Agraria y Rural se incluyó en la Constitución Política mediante el Acto Legislativo No. 03 de 2023. Pero faltaba reglamentarla y para ello, ayer fue radicado un proyecto en la comisión Primera del Senado que ha causado revuelo en el país.
La Jurisdicción Agraria y Rural es un tipo de justicia especial y un nuevo poder que la Constitución Política le otorgó a los jueces y magistrados para resolver, de manera exclusiva y especializada, los conflictos agrarios y rurales. Esta se sumó a las demás Jurisdicciones que existen en la Rama Judicial: la Jurisdicción Ordinaria, la Jurisdicción Contenciosa – Administrativa, la Jurisdicción Constitucional, y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Sin embargo, faltaba presentar ante el Congreso de la República el proyecto de ley ordinario para determinar las competencias de los jueces agrarios y el tipo de conflictos que resolverán, así como establecer el procedimiento especial agrario y rural. Esa iniciativa fue radicada ayer por los ministerios de Justicia, Agricultura y del Interior.
Durante el acto se recordó que el Acuerdo de Paz del año 2016 entre la guerrilla de las Farc – EP y el Gobierno Nacional planteó como punto 1 la reforma rural integral, y que en el marco de ello se han creado varias instituciones y mecanismos como la mencionada Jurisdicción Agraria y Rural.
El senador Humberto de La Calle, quien fue el jefe del equipo negociador del Gobierno, también estuvo presente en el aplaudido acto de la radicación. Así mismo, la bancada Comunes, el partido político de las extintas Farc -EP. También campesinos y congresistas.
“Resolver el conflicto”
“La herramienta implica tener acceso a la justicia, ir ante un juez que va a resolver el conflicto y vamos a evitar resolver los conflictos de manera violenta”, enfatizó la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago. De esta manera, el campesino podrá generar un “derecho directo en sus poblaciones a estos jueces para lograr obtener lo que por tantos años fue objeto de despojo de manera violenta”, complementó.
Detalló que el proyecto radicado, además de apuntarle al cumplimiento del Acuerdo de Paz, tendrá en cuenta el derecho a la tierra y a la semilla. Será “judicial y expedito”, lo que significa la posibilidad de acceder de manera “rápida y ágil a la justicia”, explicó. Y también exhortó a leer y entender por cuenta propia el proyecto, para no caer en desinformación.
Por su parte la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino aseguró que “protegeremos con garantías y firmeza la propiedad privada y a quienes producen la tierra”.
“Expropiación exprés”
Durante la jornada anterior, una de las congresistas que más lanzó advertencias fue la representante a la Cámara por Bogotá Katherine Miranda: “tal como me lo temía, quieren incluir la expropiación exprés”, alertó.
Según su interpretación, “El artículo 5º numeral 4º del proyecto de ley señala que serán sujetos de expropiación todas las actividades que se alineen con la reforma agraria y rural, ¿cuál es el racero que se usará para determinar que la tierra tiene esas características? ¿Si alguien tiene una finca en un terreno fértil, puede expropiarse?”.
Aseveró la militante de Alianza Verde que “Lo más grave está en el parágrafo 1º del artículo 12. Allí se señala que los procedimientos especiales como los de expropiación, serán resueltos por la Agencia Nacional de Tierras, una entidad administrativa, cuando hoy lo hace un Juez de la República”.
También se unieron a la denuncia los congresistas de derecha y oposición al Gobierno Nacional como la senadora Paloma Valencia (Centro Democrático). “Tiene un principio bien exótico que es que protege al más débil. Y yo me preguntaba, ¿quién es el débil? El invasor o el invadido”, dijo. También aseveró que “Con este proyecto se acaba la inversión en el campo”.
El gobierno responde
La ministra de Agricultura, Martha Carvajalino le salió al paso a la representante y aseguró que el proyecto de ley que radicaron es “absolutamente claro en que la expropiación agraria, regulada en el artículo 32 y 33 de la ley 160 de 1994 es competencia de los tribunales agrarios en primera instancia. ¿De cual expropiación exprés hablan?”, cuestionó.
“Confunden, quizá por desconocimiento del régimen agrario, la expropiación agraria con los procesos especiales agrarios. Confunden la recuperación de baldíos indebidamente ocupados con la revocatoria directa del acto administrativo. Se difumina la responsabilidad en la administración de los bienes de la Nación con la adquisición directa”.
El proyecto ahora tendrá varios ponentes para primer debate en la comisión. Debe superar cuatro debates en el Congreso.
Reaccioan los congresistas huilenses
La representante a la Cámara por el Huila, Flora Perdomo dijo que respalda la iniciativa y que esta resolverá “problemas como: dirimir linderos, establecer temas de posesión de tierras, pertenencias, relación de tenencia, relaciones de producción, adjudicación de baldíos, entre otros. Actualmente, la mayoría de estos conflictos son resueltos por jueces promiscuos en única instancia, por tanto, uno de los avances más importante que pretende este proyecto de ley es que todos los procesos cuenten con segunda instancia. Respecto a la preocupación por una supuesta “expropiación judicial” es importante precisar que, el objetivo principal del proyecto es proteger la propiedad rural sin introducir cambios sustanciales en las reglas jurídicas relacionadas con la asignación de derechos de propiedad”.
De otra parte, para el representante por el Huila de Cambio Radical, Julio César Triana, el Gobierno está promoviendo un proyecto “sin haber estipulado y destinado los recursos para que la Rama Judicial la ponga a funcionar”. Si no se hace, “será solo anuncios, publicidad, populismo y sin financiamiento”.
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