Riesgo de colapso en la justicia caqueteña

Se requiere con urgencia el nombramiento de 15 fiscales y al menos 10 defensores públicos. La situación se originó por el traslado de fiscales del Caquetá a otras partes del país. Se requiere con urgencia el nombramiento de 15 fiscales y al menos 10 defensores públicos. La situación se originó por el traslado de fiscales del Caquetá a otras partes del país. LA NACIÓN, FLORENCIA Fuentes de la Fiscalía Regional del Caquetá en diálogo con LA NACIÓN, alertaron sobre un posible colapso de la justicia en este departamento, como consecuencia de “la ausencia o no designación de un total de 15 fiscales que hacen falta para esta jurisdicción”. Lo anterior, con motivo de la vacancia y creación de nuevos despachos de descongestión, que se han venido dando paulatinamente desde finales del 2011 para atender procesos civiles, penales y administrativos. A esto se suma la carencia de un total de 10 defensores públicos, que hacen falta para suplir las necesidades procesales en esta sección del país. “Esta situación se origina por traslados de fiscales del Caquetá a otras partes del país, renuncia de sus cargos o creación de nuevos despachos que requieren sus servicios”, dijo la fuente. Otra circunstancia especial es la evidenciada por la defensoría pública, donde por motivos diversos los funcionarios  han renunciado tras recibir otras ofertas laborales en entidades del Estado, como es el caso de los juristas Germán Isaza, quien renunció para asumir el cargo de asesor externo de la Alcaldía de Florencia, así como el destacado penalista Luís Eduardo Mayorca Endara, quien partirá próximamente a la capital del país, para asumir un alto cargo en la Rama Judicial. Fiscales Los fiscales actuales delegados en lo penal, manifestaron que se encuentran agobiados de la carga procesal que tienen que atender, precisamente por la ausencia de personal designado para atender estas necesidades de la justicia regional. El caso más preocupante según el vocero judicial, es el evidenciado por la Fiscalía delegada para atender los delitos administrativos, “esta dependencia era atendida por la fiscal Liliana Castañeda, quien fue trasladada desde hace más de dos meses a prestar sus servicios en el departamento de Caldas y a la fecha, no ha sido designado su remplazo” manifestó el vocero de la Fiscalía. “El hecho ha originado un caos, por cuanto procesos sensibles como el caso de las obras de mitigación de Florencia y el cuarto puente, se encuentren al borde del vencimiento de términos por ausencia de un fiscal titular que atienda la etapa acusatoria”. En estos procesos se encuentran vinculados los dos últimos ex alcaldes de esta capital Arnoldo Barrera Cadena, Gloria Patricia Farfán Gutiérrez y varios de los integrantes de sus equipos de gobierno. Litigantes Por su parte, los abogados litigantes advierten que esta grave situación va a conducir a que se registre el fenómeno de la impunidad. Según la fuente judicial, este hecho es “atribuible al vacio generado por la falta de profesionales como fiscales y defensores”. Otro es el caso de la Defensoría del Pueblo, donde se ven afectados los procesos de Ley 906 o de oralidad, que ahora se extienden al campo de lo civil, laboral y próximamente administrativo, debido a que el principio constitucional de pronta y cumplida justicia no se está efectuando a cabalidad por estos inconvenientes. Finalmente, según la Dirección Administrativa del Palacio de Justicia, aún no han sido situados los recursos para ejecutar obras como las nuevas salas de audiencia para los procesos de oralidad. Igualmente, hacen falta las partidas asignadas para la dotación de un ascensor que facilite el acceso y otros apoyos de carácter logístico, para la realización de audiencias virtuales desde otras partes del país.