El frente ‘Ismael Ruiz’, del bloque central ‘Isaías Pardo’, de las disidencias de las Farc, estaría reclutando forzadamente a menores de edad en zona rural del municipio de Íquira. La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana y denunció que las familias de los menores enfrentan amenazas si hacen las denuncias. El Personero de Íquira manifestó que se elaborará con autoridades un plan de acción que “permita establecer actividades para prevenir este grave riesgo”.
Rafael Rodríguez C.
En ‘riesgo extremo’ se encuentran las familias campesinas, afrocolombianas e indígenas en la zona rural del municipio de Íquira, por el reclutamiento forzado de sus hijos menores y las amenazas de muerte contra ellas si denuncian.
Así lo revela el defensor encargado del Pueblo, Julio Luis Balanta Mina, en la Alerta Temprana 015 de 2024, en la que incluye además al municipio de Páez, en el vecino departamento del Cauca. “Niñas, niños, adolescentes y jóvenes con y sin pertenencia étnica, sus familias y comunidades están sufriendo la vulneración de sus derechos”, señala el documento conocido en exclusiva por LA NACIÓN.
Y es que la presencia de los frentes ‘Ismael Ruiz’ en la población huilense y ‘Dagoberto Ramos’ en la localidad caucana, ambas disidencias pertenecientes al bloque central ‘Isaías Pardo’ del ‘Estado Mayor Central’ (EMC), liderado por Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, viene generando un riesgo para la población en los dos municipios.
“La dinámica de coexistencia de los dos frentes, Dagoberto Ramos en Páez e Ismael Ruiz en Íquira, permite señalar un común repertorio de violencia respecto de los niños, niñas y adolescentes (NNA) de esta subregión…”, indica el documento oficial.
Las prácticas para el reclutamiento de los menores y avaladas por el EMC, van desde enamorar a los niños, niñas y adolescentes hasta el ofrecimiento de dinero y entrega de teléfonos celulares de última tecnología. “Las prácticas de reclutamiento forzado, usos y utilización de NNA, permitidas por el Estado Mayor Central, tales como enamoramiento, seducción, promesas de pagar altas sumas de dinero (que superan los dos millones de pesos) o de contar con equipos celulares de alta gama…”, denuncia la Alerta Temprana.
El defensor, Balanta Mina, manifestó que en lo corrido del 2024, en Íquira han sido identificados al menos seis casos de reclutamiento por el frente ‘Ismael Ruiz’. “En cuatro de ellos, los menores de edad fueron devueltos a sus comunidades, dada la presión de las autoridades tradicionales”.
El reclutamiento forzado de los menores de edad ya había sido advertido por la Defensoría del Pueblo en la Alerta Temprana 029 del 2020 y su Informe de Seguimiento 033 de 2022, en el que reiteraba el riesgo de violación de derechos humanos advertido a posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario (DIH), por la suspensión del cese al fuego con el Estado Mayor Central en el departamento de Cauca (Decreto No. 0385 del 17 de marzo de 2024), y la fragmentación y reorganización de la agrupación disidente, como la creación del bloque central ‘Isaías Pardo’ en el Huila.
Este panorama de violación de derechos humanos y de riesgo extremo se presenta en los corregimientos de Rionegro, donde también se ubica el resguardo indígena Nasa Huila-Rionegro, la zona de Valencia de la Paz y las veredas que lo integran. “El primero ampliamente afectado con hechos de reclutamiento forzado respecto de los NNA del resguardo”, señala la alerta.
Regalos y redes sociales
La Defensoría del Pueblo reitera en el documento que el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes, en particular de los indígenas pertenecientes al pueblo Nasa y residentes en el territorio colectivo del resguardo Huila Río Negro, es cometido por la disidente del bloque central ‘Isaías Pardo’.
“Debe señalarse que los casos de reclutamiento están sin duda relacionados con el accionar del frente ‘Ismael Ruiz’, del bloque central ‘Isaías Pardo’ (antes columna móvil ‘Dagoberto Ramos’ del Comando Coordinador de Occidente) en su fase de expansión”, sostiene el documento del organismo.
Agrega de los menores reclutados del resguardo Rionegro habrían sido vinculados por el frente ‘Ismael Ruiz’ con métodos de convencimiento y persuasión, que “van desde la entrega de armas, dinero, motos, hasta ejercicios de trabajo ideológico y político”.
El defensor del Pueblo, Balanta Mina, reveló que las plataformas virtuales y redes sociales están siendo utilizadas por las estructuras del EMC para ponerse en contacto con niños, niñas y adolescentes para acercarlos a la agrupación disidente. “Los reclutados serían los encargados de establecer contacto con otros niños de su comunidad”.
Familias y líderes atemorizados
Las familias de los menores reclutados habrían guardado silencio por presuntas intimidaciones del grupo disidente, por lo que los casos de menores reclutados podrían ser más de los conocidos por las autoridades.
“Los hechos no habrían sido denunciados por evidente temor a represalias del frente ‘Ismael Ruiz’. En este contexto, existen motivos para pensar que puede haber muchos más casos de reclutamiento, uso y utilización que no han sido documentados en las áreas de los territorios colectivos, así como en las habitadas mayoritariamente por población mestiza, campesina y afrocolombiana”, explica la Alerta Temprana.
Pero no solo las familias de los menores estarían atemorizadas para denunciar el reclutamiento forzado. Las intimidaciones también estarían llegando a los líderes de los resguardos, lo que estaría generando la vulneración de las mismas autoridades indígenas.
“El hecho mismo del reclutamiento forzado y las circunstancias de presión y amenaza del frente ‘Ismael Ruiz’, para evitar denuncias, supone además un terrible grado de vulnerabilidad para las autoridades propias del resguardo y para el Concejo Regional Indígena del Huila (CRIHU), organización indígena a la que se encuentran inscritos dadas sus esfuerzos en prevención y protección para los comuneros, en especial NNA, jóvenes y la pervivencia de su cultura”, señala la Defensoría del Pueblo a través del documento.
El organismo se mostró preocupado no solo por los reiterados casos de reclutamiento de menores, sino por los subregistros de denuncias de estos que no permiten conocer en realidad la problemática que se vive en estas zonas.
“El amplísimo subregistro impide dimensionar la magnitud del fenómeno advertido y la continuidad de la presión y estigmatización sobre líderes y lideresas sociales y autoridades tradicionales indígenas y afro con el único objetivo de mantener este predominio, impidiendo la presentación de denuncias”, asegura el documento de la Defensoría.
Expansión de la disidencia
La Alerta Temprana señala que la llegada del frente ‘Ismael Ruiz’ a Valencia de la Paz en el municipio de Íquira, es el resultado de la expansión territorial del Estado Mayor Central en la región para conformar el corredor de movilidad entre el Huila y Cauca.
“Se determina la extensión en el dominio territorial que hace el Estado Mayor Central desde la zona de Rio Negro a través del área rural hasta este centro poblado que se ubica a 15 minutos de la cabecera municipal por el lado norte, y dominar esta franja, significa otro corredor controlado entre los departamentos de Huila y Cauca”, explica el documento.
Indica la alerta que el Estado Mayor Central tiene la intención de fortalecer sus filas con menores, que terminan en enfrentando combates, violando así el DIH. “De hecho, dos de los casos documentados por esta Defensoría refieren la muerte de menores de edad en combate en el departamento del Cauca, habiendo sido reclutados en el municipio de Iquira”.
Sostiene la Defensoría del Pueblo que de no avanzarse de manera contundente y urgente en la efectiva gestión del riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización de niños, niñas y adolescente tanto en Íquira como en Páez, las transformaciones que viene teniendo el Estado Central Mayor, tanto su fraccionamiento en el Huila y las consecuencias humanitarias de la suspensión al cese al fuego en el Cauca, “podría exacerbar el escenario de riesgo ya descrito, dadas las necesidades de las estructuras referidas para robustecer su posicionamiento militar, incluyendo engrosar sus filas”.
Sostuvo que el escenario de riesgo podría extenderse a los municipios huilenses de Nátaga y La Plata, con la presencia de los frentes ‘Ismael Ruiz’ y ‘Hernando González Acosta’, del bloque central ‘Isaías Duarte’, poniendo en riesgo de reclutamiento a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Además del riesgo para el municipio de Inzá en el Cauca, “ya que conforman una región en la cual convergen en dinámicas territoriales y poblacionales semejantes, además del cruce de las principales vías que intercomunican a los dos departamentos”.
Según la Alerta Temprana de la Defensoría del Pueblo, en el Huila podrían tener mayor riesgo de afectación los pueblos indígenas asentados en la zona bidepartamental, entre ellos el resguardo Llano Buco, en el municipio de Nátaga, teniendo el accionar del frente ‘Ismael Ruiz’.
Según la alerta, alias ‘Iván Mordisco’ estaría buscando tener control en los territorios a través de su propio gobierno. “Se reitera además un interés del Estado Mayor Central en ingerir a través de ejercicios de control poblacional y territorial en la autonomía que ejerce el Gobierno Propio y la Guardia Indígena, así como la extensión de esta estructura a otros municipios de la región”.
‘Se trabaja para mitigar el riesgo’
El personero de Íquira, Jarvi Sánchez Calderón, manifestó que el riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la población, según la Defensoría del Pueblo, sería en el corregimiento de Río Negro y las veredas cercanas como Yusasu, Arrayán, Irlanda, Casa Blanca, Chacucue, Caloto, San Miguel, Llano Buco y Palmito. Además, del resguardo indígena Nasa de Río Negro.
Indicó que con el fin estudiar la mitigación del riesgo, la Personería bajo el apoyo de la Secretaría Técnica de la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (Ciprat), del Ministerio del Interior, junto a más autoridades y entidades estatales, están articulando talleres regionales preparatorios, para elaborar un Plan de Acción, que permita establecer actividades para prevenir “este grave riesgo”.
Señaló que no se tiene información detallada del número de menores reclutados. “En este despacho no se ha denunciado o puesto en conocimiento este tipo de situaciones, posiblemente por temor a represalias”.
