Profundizar en modelos de alta intervención estatal conlleva asumir riesgos, responsabilidades y costos derivados de ese afán por querer participar en todo y resolverlo todo. Incluso, en esa obsesión por ser el principal proveedor de bienes y servicios en la sociedad, el Estado puede llegar a promover comportamientos inapropiados, e incluso ilegales, por parte de los diferentes agentes de la economía, quienes, con el conocimiento y el amparo de la ley, se ven incentivados a cometer estos actos, convencidos de que “Papá Estado” lo solucionará.
Desde el alto gobierno se han hecho diferentes anuncios relacionados con políticas controversiales, como la de generar un ingreso a quienes pertenezcan a una banda criminal, con el fin de mitigar la comisión de más delitos. A este inventario se suman los intentos por obtener condonaciones de penas privativas de la libertad a los integrantes de la “primera línea” capturados por diferentes delitos. Además, en un contexto más reciente, se ha emitido la iniciativa de otorgar al Gobierno la capacidad de adquirir la producción de coca en diferentes territorios nacionales. Esto ocurre luego de conocerse que la destinación de tierra y la producción de coca se han incrementado desde 2023, superando incluso a los cultivos tradicionales.
Este tipo de decisiones genera un problema de incentivos nefastos que promueven la ilegalidad, pues para los campesinos sería más rentable vender coca al Gobierno, lo que conllevaría a una ampliación en la capacidad de producción, ya que implícitamente la demanda se incrementaría. Además de los compradores naturales, los narcotraficantes, se sumarían las compras realizadas a través de partidas oficiales. Las externalidades serían negativas, desplazando a la economía hacia este producto, ya que otros tipos de cultivos no generarían los mismos retornos esperados.
El Gobierno debe ser más consecuente con el uso de este tipo de propuestas, que, si bien no se han materializado, ya han sido comunicadas a la sociedad y a la comunidad internacional, proyectando una imagen prospectiva de las instituciones públicas. Un Estado que pretende resolver todo problema destinando gigantescas partidas presupuestales está destinado a crear el escenario perfecto para el riesgo moral, donde resulta más provechoso alinearse con la ilegalidad que con el imperio de la ley. Finalmente, se sabe que alguien asumirá las consecuencias, e incluso, algunos saldrán premiados.
Los incentivos estatales deben orientarse a promover los caminos definidos dentro del marco de la ley y el derecho, dejando de lado el romanticismo y la justificación de todo lo que esté en contravía del orden público. Esto es algo que se ha heredado de las épocas oscuras del narcotráfico, cuando Pablo Escobar aparecía estampado en camisetas como un gran héroe. Debemos entender que existen mecanismos para combatir el crimen y la delincuencia, más allá de simplemente pagar para que no lo hagan.
