La población uruguaya se convirtió en potencial donante de órganos, excepto si la persona expresa su oposición a ello en vida, tras la entrada en vigor de una ley aprobada en 2012 con la que se apunta a reducir el tiempo de espera para concretar trasplantes.
La norma -que rige desde el sábado- señala que "toda persona mayor de edad que, en pleno uso de sus facultades, no haya expresado su oposición a ser donante por alguna de las formas previstas (…) se presumirá ha consentido la ablación de sus órganos, tejidos y células en caso de muerte, con fines terapéuticos o científicos".
En caso de tratarse de menores de edad o de personas incapaces, el consentimiento deberá ser otorgado por su representante legal tras constatarse el fallecimiento.
Hasta que entró en vigor esta nueva norma, una ley de 1971 regulaba la donación de órganos en Uruguay. La misma señalaba que eran donantes las personas que declaraban en vida su voluntad de serlo o que sus familiares lo autorizarán tras su fallecimiento.
En 2003 se agregó a la normativa que quienes tuvieran una muerte violenta que llevaba a una pericia forense se transformaban también en donantes.
El país -con 3,3 millones de habitantes- ostentaba una tasa de donantes efectivos órganos de 16.16 por millón de habitantes, la más alta de América Latina.
Anualmente el país realiza unos 600 trasplantes y el tiempo de espera para concretar un trasplante de riñón -el más realizado- es mayor a dos años.
Legislaciones similares a la aprobada por el Senado uruguayo ya existen en Argentina, México y Singapur.