Una oficina de espionaje ilegal desde donde presuntamente se interceptaron correos del presidente Juan Manuel Santos y de las Farc, con la intención de afectar el proceso de paz fue desmantelada por la Fiscalía en Bogotá.
El caso, destapado a pocos días de las presidenciales del 25 de mayo, enturbia también el clima electoral en el país ya que el único detenido por las interceptaciones ilegales trabajaba para la campaña del candidato uribista Óscar Iván Zuluaga.
Según el fiscal general, Luis Eduardo Montealegre, el centro de espionaje era operado por Andrés Fernando Sepúlveda Ardila, un ingeniero que fue detenido por las autoridades, quien pretendía vender los datos que obtenía ilegalmente.
El centro ilegal de interceptaciones, funcionaba en un inmueble localizado en la calle 93B con carrera 17, en el norte de Bogotá. Desde este lugar se pretendía obtener información sobre lo que ocurre en el proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba.
Según la hipótesis de la Fiscalía, personas particulares a través de técnicas de hackeo querían sabotear los diálogos de paz que se adelantan en Cuba.
“Las primeras indagaciones de la Fiscalía General de la Nación han permitido concluir, hasta el momento, que fueron víctimas de esta acción una persona encargada de prensa de las Farc en La Habana y dos periodistas cubanos cuyos correos electrónicos fueron intervenidos”, reveló Montealegre.
Sepúlveda Ardila trabajaba junto a su esposa y otros familiares en la campaña de Zuluaga, según un comunicado del equipo del propio candidato.
"Desde esa oficina se han prestado servicios de divulgación en redes sociales y seguridad informática a esta campaña. Por supuesto, cualquier actividad ilegal que se haya desarrollado en tal inmueble, en caso de existir, la reprobamos, esperamos resultados rápidos de las investigaciones y la máxima condena a los responsables", explicó el equipo de campaña de Zuluaga.
Por su parte, Santos consideró "muy grave que cualquier persona o cualquier organización esté deliberadamente tratando de sabotear el proceso de paz a través de interceptaciones ilegales y en el mismo sentido tratar de desestabilizar las instituciones del país".
En declaraciones en Villavicencio, el mandatario pidió también al fiscal general llegar "al fondo de este asunto" porque "el país necesita saber quién está detrás de esta actuación ilegal".
Montealegre insistió en que la oficina desmantelada buscaba ante todo "afectar el proceso de paz" y "atentar contra la seguridad nacional", aunque no ahondó sobre la evidencia hallada.
También hay indicios de que "a través de esta oficina, probablemente se interceptaron los correos del presidente" Santos, indicó.
En declaraciones posteriores a la prensa Montealegre aclaró, sin embargo, que actualmente no existen evidencias que vinculen a la campaña de Zuluaga con las acciones que se adelantaban desde la oficina desmantelada para afectar el proceso de paz.
La Fiscalía anunció elevará cargos por espionaje contra Sepúlveda Ardila. También le imputarán cargos por violación ilícita de comunicaciones, uso de software malicioso e interceptaciones de datos informáticos. Igualmente investiga a las personas que estarían interesadas en adquirir la información ofrecida por el hacker uribista.
