Una gran polémica ha generado el proyecto de reforma a la Constitución que cambia el Sistema General de Participaciones, el cual define cuánto dinero del presupuesto de la Nación se entrega a las regiones. Aumenta los giros directos a los departamentos y municipios para atender temas de educación, salud, agua potable y saneamiento. En el sexto de ocho debates en el Congreso se establece que en un periodo gradual de 12 años esa plata aumentará de 23.8 a 39.5 por ciento.
Las alertas sobre los efectos a la estabilidad fiscal no ceden. “ElGobierno Central podría quedarse literalmente sin plata”, advierten exministros de Hacienda, y agregan que antes de aprobarse o entrar a regir la reforma debería tramitarse una ley de competencias que les entregue más obligaciones disminuyendo la carga fiscal de la Nación.
No compartimos nuevas obligaciones por los recursos. Lo que sucede hoy es que tienen demasiadas, pero, el Gobierno Nacional no les transfiere lo necesario para darles cumplimiento. Estamos convencidos de que ya es hora de romper con el centralismo, de dar vía libre a la descentralización del país y no seguir dependiendo, casi que arrodillados, de Bogotá y sus técnicos, a quienes hace años reclamamos recursos para garantizar un progreso regional.
No se trata de trasladar más recursos, conocemos el déficit fiscal de las finanzas del país. Se trata de que los existen los envíen a los entes territoriales para así darle cumplimiento a las competencias ya asignadas por ley.
Así mismo, rechazamos el argumento ‘centralista’ que sentencia que más recursos para las regiones se traducirían en mayor corrupción, malos manejos y falta de transparencia en la ejecución. “Los tecnócratas miran la paja en el ojo ajeno…”. Transparencia por Colombia concluyó que la mayoría de hechos de corrupción (53%) están en: Bogotá, Atlántico, Antioquia, Santander, Valle de Cauca, el resto, el 47%, está en los otros departamentos.
Lo que se debe tener en los territorios es una verdadera capacidad institucional, administrativa y de monitoreo, y un seguimiento de gastos que garantice el correcto y eficiente destino. Lo siguiente, entonces, es definir claramente qué competencias delegadas por ley se van a cubrir con los recursos transferidos. Y reestructurar el paquidérmico Gobierno Nacional, volverlo ágil y eficiente.
Apoyamos la propuesta de Regiones Autonómicas, del expresidente del Congreso Iván Name, de descentralización, que conduce a que los entes territoriales tengan más recursos. Así lo propusimos en una audiencia en Neiva como salida al atraso y la pobreza a cambio de desarrollo, oportunidades, riqueza y paz.
Confío con esperanza que, con los ajustes requeridos y sensatos, saldrá una ley de transferencias que hará justicia a las necesidades de la provincia, atacará el olvido estatal y pondrá fin al sometimiento local ante el poder del bolígrafo nacional.