Siete años después, el proceso penal por los escándalos en la Empresa Social del Estado de Neiva, sigue embolatado. A punto de iniciar el juicio, el debate probatorio sigue encendido en medio de las primeras prescripciones, por vencimiento de términos.
Ricardo Areiza
unidadinvestigativa@lanacion.com.co
Después de múltiples aplazamientos extendidos durante los últimos siete años, el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Neiva, reanudará hoy la audiencia preparatoria del juicio oral que se adelanta contra el médico David Andrés Cangrejo y otros doce ex funcionarios de la Empresa Social del Estado de Neiva por los escandalosos hechos ocurridos en la entidad durante la campaña electoral del 2014.
Las diligencias, a las que concurren otros 12 antiguos funcionarios de la entidad oficial, han sido interferidas por las demoras en el descubrimiento probatorio. Incluso con conductas ya prescritas, el despacho judicial reabrirá hoy el debate sobre las estipulaciones probatorias. En materia penal, la prescripción implica la extinción de la pena por vencimiento de términos.
El ex gerente de la ESE de Neiva y su equipo de trabajo fueron detenidos el 13 de mayo de 2016 en un operativo simultáneo adelantado por la Fiscalía. Tres meses después quedaron en libertad. Las tres pruebas claves que sirvieron para ordenar las capturas fueron declaradas ilegales el 4 de agosto de 2016. Desde entonces, se defienden en libertad, y han reiterado su intención de esclarecer y desvirtuar los cargos. En cambio, la Fiscalía, encargada de la investigación y la acusación, tiene otra mirada.
Acusación
El médico Cangrejo, quien fue gerente de la ESE, fue acusado como coautor a título de dolo consumado de los delitos de concusión, cometido en concurso, constreñimiento al sufragante agravado, concierto para delinquir e indebida participación en política, con una mayor punibilidad por la posición distinguida, su cargo, su formación y la representación que ejercía en esa entidad oficial.
La indebida participación en política, incluida en la acusación, está prescrita, además no tenía vocación de prosperidad, toda vez que es una conducta querellable.
Como probables coautores, la fiscal acusó en calidad de contratistas y servidores públicos por extensión a Julio César Gutiérrez, Rosa Omaira Bastidas Javela, Jorge Luis Caicedo Estupiñán, John Jairo García García, Juan Carlos Vásquez Vargas, Sergio Andrés Guevara Álvarez, Heisson Armando García, María Nubia Álvarez Gómez y Jorge Olmedo Cartagena García, quienes han concurrido a todas las diligencias.
“Existe clara evidencia que Cangrejo utilizó su poder para promover varias candidaturas en especial la de Edwin Felipe Hernández la que salió avante”, afirmó la fiscal séptima seccional Paola Andrea Córdoba Salazar.
“Cangrejo Torres ejercía presiones a los empleados para adquirir bonos de solidaridad destinados a financiar la campaña de sus candidatos. Las exigencias que hacía a contratistas a través de su progenitora para entregar determinadas sumas de dinero”, precisó la funcionaria judicial.
Por las mismas conductas también fue vinculado el ex concejal Edwin Felipe Hernández pero en calidad de supuesto determinador ya que no tenía ningún vínculo contractual con la entidad.
El juez Tercero Penal, Jorge Enrique Luna estimó que los documentos digitales aportados por la Fiscalía nunca fueron legalizados y por lo tanto eran ilegales. Lo mismo ocurrió con el informe sobre la intercepción de teléfonos celulares, realizadas sin orden judicial.
Las cartas
Durante la diligencia prevista para hoy se avanzará en las estipulaciones probatorias, como mecanismo para agilizar la etapa del juicio oral.
La Fiscal había anunciado varios testigos estrellas, pero finalmente ninguno se concretó. Ni la denunciante, ni los encargados de recaudar los aportes exigidos a los contratistas.
El ex concejal de la Alianza Verde, Mateo Trujillo Segura, quien realizó las denuncias, aparece como uno de los testigos.
Excesiva morosidad
En este, como en otros casos emblemáticos, la excesiva morosidad ha impedido la agilización del proceso penal.
El juicio oral previsto inicialmente para el 9 de octubre de 2017 se ha venido dilatando a pesar de la prescripción de algunas conductas, inicialmente imputadas, como la indebida participación en política.
El escrito de acusación fue soportado el 10 de mayo de 2017 ante el Juez Cuarto Penal del Circuito con funciones de conocimiento. No obstante, quedó en suspenso por el voluminoso material probatorio.
El descubrimiento probatorio concluyó un año después. La fiscal tenía tres días después de la audiencia para descubrir, exhibir y entregar copias de todos los documentos y evidencias pero no lo hizo en el término previsto.
Esa demora en la presentación de todo el material probatorio terminó impactando el desarrollo del proceso.
Lo que pasó
La ex secretaria privada de Cangrejo, Deida Marcela González Cardozo, a quien no le renovaron su contrato de trabajo, denunció las anomalías.
Según la denuncia, el proselitismo político ejercido desde la entidad oficial, comenzó a evidenciarse entre octubre y noviembre de 2014.
La campaña política estaba orientada a respaldar al candidato conservador al Concejo de Neiva, Johan Steed Ortiz. Sin embargo, por discordias políticas públicamente no esclarecidas, a última hora le retiró el respaldo y decidió apoyar a Edwin Felipe Hernández, quien finalmente salió elegido.
La señora González Cardozo destapó todos los detalles de la organización de la campaña, los roles que cada uno cumplía, las actividades puntuales asignadas a cada uno de los integrantes del equipo de trabajo y especialmente la estrategia financiera.
Entre ellas, la Fiscalía documentó las actividades que realizaban para presionar a los contratistas de la Empresa Social del Estado de Neiva a quienes les solicitaban aportes para la campaña política.
El dinero, según los testimonios, se recaudaba en efectivo. En otros casos, se cambiaban apoyos por contratos. En la campaña participaban igualmente familiares y amigos de Cangrejo.
Sin pruebas
La testigo aportó fotografías y conversaciones de WhatsApp donde se compartían informaciones sobre la campaña. Estas pruebas, presentadas por la Fiscalía fueron excluidas por ilegales. También fueron excluidas las declaraciones que rindió sin abogado ante los peritos del Cuerpo Técnico de Investigaciones, el 18 de marzo de 2016.
El juez Tercero Penal, Jorge Enrique Luna, quien inició las diligencias, estimó que los documentos digitales aportados por la Fiscalía nunca fueron legalizados y por lo tanto eran ilegales. Lo mismo ocurrió con el informe sobre la intercepción de teléfonos celulares, realizadas sin orden judicial. Con esta decisión, la acusación quedó coja.
Cuando una prueba adolece de vicios que afectan su validez, por mandato constitucional, no anula el proceso, sino que se excluye del debate probatorio, por haber sido ilegalmente obtenida.
Esos documentos digitales, así como las interceptaciones telefónicas que soportaron la acusación, fue un duro revés para la Fiscalía.
Otras pruebas
Sin embargo, la Fiscalía anunció que legalizó otro informe técnico de policía judicial que incluía la interceptación de otros abonados telefónicos que confirmarían la indebida participación en política del médico Cangrejo Torres.
“No todas las interceptaciones telefónicas que se solicitaron en su momento como evidencias se realizaron. Al final se hizo una sola interceptación, según el informe de policía judicial que fue legalizado”, afirmó la fiscal del caso.
La funcionaria que destapó el escándalo, nunca fue imputada, ni será testigo. Tampoco los recaudadores.
