En momentos en que se mantiene el paro de campesinos en varios departamentos del país, salta a la escena un debate que el país debió haber dado por lo menos hace tres años cuando se discutían los alcances de los Tratados de Libre Comercio (TLC), relativo a la protección que jurídicamente se les está ofreciendo y brindando a las más grandes multinacionales del sector agrícola en desmedro de nuestros propios cultivadores. Y en este debate los arroceros de Campoalegre han entrado como protagonistas de primer nivel, gracias en buena parte a la masiva difusión de un video de la documentalista Victoria Solano, titulado “9.70” en directa alusión a la Resolución del mismo número del ICA, que pretende – según la entidad – controlar las enfermedades transmisibles por semilla, así como su calidad genética, fisiológica y física. Y, también según el ICA, la 970 hace parte de una serie de normas que, como autoridad sanitaria y fitosanitaria del país, ha venido expidiendo desde el año 1976, y que nada tiene que ver con exigencias de los TLC.
El documental ha despertado la indignación de muchos sectores, sobre todo por las imágenes de la destrucción de 60 toneladas de semillas de los arroceros de Campoalegre, y pone sobre el tapete – más allá de los detalles técnicos – la urgencia de que el país determine si su prioridad es la inversión extranjera abierta y sin restricciones, y si el Estado debe proteger más a los grandes jugadores de los mercados mundiales que a nuestros pequeños productores, sobre todo a los agrarios. Nadie, en sano juicio, podría rechazar que se tomen medidas para controlar enfermedades transmisibles a través de las semillas; pero también es innegable que el trasfondo de todo es darles seguridad jurídica a quienes, como gigantes de la biotecnología, quieren ampliar sus negocios y el alcance de sus trabajos de laboratorio.
Lo que resulta curioso es que, si como dice el ICA las normas se vienen expidiendo desde hace 37 años, solo ahora que están vigentes los TLC se toman medidas radicales de destruir cargamentos de semillas; y en todo caso no debe perderse de vista que, al imponerse restricciones al uso de semillas por parte de los pequeños agricultores, éstos se verán obligados a comprar aquellas certificadas, que son justamente las que venden gigantes como Monsanto. Y ésta no es cualquier empresa: el 90% de los trangénicos que se cultivan en el planeta son suyos a tal punto que sus semillas solo resisten herbicidas que el mismo Monsanto produce, como el famoso Roundap. Monsanto es la misma que produjo el “agente naranja”, aquella arma química usada por Estados Unidos en la guerra de Vietnam.
Además de que la 970 es una de sus normas redactadas tan enrevesadamente técnicas que pocos entienden, y mucho menos los campesinos, el país debe conocer en detalle qué fue lo que realmente se negoció en los TLC, no solo el firmado con EE.UU., sino también con la Unión Europea y Corea del Sur, y cuál su alcance verdadero. Así sabremos a qué atenernos.
“Es innegable que el trasfondo de todo es darles seguridad jurídica a quienes, como gigantes de la biotecnología, quieren ampliar sus negocios…”
EDITORIALITO
Numerosos samanes, levantados a la lado y lado de las vías fueron derribados con motosierras por encapuchados que apoyan la protesta campesina. ¿Quién responderá por los daños ambientales, ajenos a la protesta? ¿Qué papel cumplirán las autoridades ambientales para sancionar a los responsables?
