Quise escribir sobre nuestras tradicionales fiestas y el Festival del Bambuco, las cuales siempre disfrutamos al máximo los opitas y visitantes al Huila. Cada año, la gran mayoría de familias huilenses se preparan para esta temporada, aprovechándola para su bienestar a través de emprendimientos y negocios, muchos de ellos informales. Sin embargo, las circunstancias actuales del país y los hechos diarios generados desde el gobierno me lo impiden.
La semana que termina comenzó con otro hecho insólito. En la instalación de otra de las mesas de diálogos que Gustavo Petro ha ordenado realizar con los grupos narcoterroristas, conversaciones que parecen perpetuarse sin rumbo, ni metas, ni aproximaciones siquiera, la noticia que le dio la vuelta al mundo fue el comportamiento del comisionado de Paz, Otty Patiño, cuando pidió perdón a las FARC del cabecilla alias “Iván Márquez” porque en el sur del país fueron abatidos algunos de los integrantes de ese grupo.
Patiño, actuando como vocero del gobierno, claramente no de los colombianos, estaba visiblemente afectado y acongojado porque el Ejército de Colombia actuó de conformidad con su deber en contra de los criminales. Además, calificó de “fatídico” el hecho de que el Estado hubiera abatido a miembros de las FARC y afirmó que Petro, el ministro de Defensa y, peor aún, que “el alto mando de las Fuerzas Militares” estaban de acuerdo con él; es decir, que todos compartían el sentido pésame por la muerte de los bandidos. Agregó también que “el gobierno de los colombianos maltrató la confianza” con ese grupo al margen de la ley.
Aquí hay varias cosas absurdas, además de la repudiable conducta del Comisionado de Paz, quien ha demostrado en varias ocasiones que mantiene su corazón en el desaparecido M-19. En primer lugar, abren mesas de diálogos sin exigir lo mínimo, que es un cese de las acciones criminales, porque es inaceptable que mientras están sentados a manteles en Venezuela, donde se refugian aquellos cabecillas, en Colombia masacran, secuestran y extorsionan.
Segundo, en el nefasto acuerdo de Santos con las FARC, que la mayoría de los colombianos rechazamos en el plebiscito pero que al final firmaron y elevaron a la Constitución, establecieron que quienes incumplieran lo pactado perderían todos los beneficios y que la repetición impediría nuevos acuerdos; luego, los integrantes del grupo criminal FARC que siguieron delinquiendo, como alias Márquez entre otros, no podrán obtener beneficios del Estado. Entonces, más que aquellos, Petro y sus delegados están violando la ley.
Y, tercero, el debilitamiento de la Fuerza Pública, al extremo de recortarle hasta el presupuesto de combustibles, afectando el cumplimiento de sus funciones, exige del gobierno un replanteamiento urgente de la mal llamada “paz total”. La permisividad con los criminales de todos los pelambres tiene contra las cuerdas a los colombianos en casi todo el territorio nacional y se torna insoportable. La situación de violencia y de inseguridad en general que estamos padeciendo exige, más que diálogos sin condiciones, una contundente acción del Estado contra el crimen organizado. Hay que recuperar la seguridad para los colombianos y la autoridad que se han perdido.
