En medio de los más agudos y polémicos cuestionamientos al procedimiento adoptado tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo, se le dio cristiana sepultura a la Reforma a la Justicia que el país, en casi todos sus sectores de opinión, En medio de los más agudos y polémicos cuestionamientos al procedimiento adoptado tanto por el Ejecutivo como por el Legislativo, se le dio cristiana sepultura a la Reforma a la Justicia que el país, en casi todos sus sectores de opinión, rechazó por inconveniente, discriminatoria, impertinente y violatoria de la misma Constitución Política. No había asistido el país, en su historia reciente, a mayor escándalo de ribetes legales que el producido por el texto final de la Reforma, promovida desde el año pasado por el Gobierno Nacional y cuyo álgido momento se vivió hace una semana en la conciliación de las dos cámaras. Pese al hundimiento por unanimidad que determinó ayer el Congreso, aún quedan voces que alegan que tanto las objeciones del presidente Juan Manuel Santos como la citación a sesiones extraordinarias, las mismas sesiones y su votación, son tan inconstitucionales como la reforma misma. Y que la Corte Constitucional será la que, por petición de un sinnúmero de demandantes que ya se aprestan a hacerlo, tenga que pronunciarse de fondo sobre el trámite de las enmiendas y los procedimientos del Gobierno, y que ello podría revivir en algún momento el contenido de lo aprobado por los parlamentarios. En todo caso es un riesgo que el Ejecutivo conocía y tendrá que enfrentarlo, pero lo que por ahora vale es que las disposiciones que atentaban contra el orden jurídico y la prevista masiva excarcelación de personajes no aforados ya no se producirán. Los agitados días vividos desde la folclórica conciliación de las dos cámaras han dejado fuertes lecciones sobre el país: la existencia real y probada de una opinión pública activa, deliberante y participativa en los hechos relevantes para la Nación. Unos sectores que expresaron a viva voz, por redes sociales, por estas páginas y en las calles su contrariedad, indignación y rechazo a lo aprobado a hurtadillas, a mansalva y sobre seguro por los señores conciliadores, y que hizo sentir que no son los congresistas los únicos voceros de los ciudadanos, sino que los colombianos mismos pueden asumir su propia vocería y hacerla valer. A su vez, unos medios de comunicación que se convirtieron en la efectiva caja de resonancia de las voces del país, que asumimos el papel de verdaderos centros del debate democrático; y en el otro lado un Gobierno y un Congreso que, a cuentagotas, terminaron asumiendo una precaria responsabilidad política y determinaciones que fueron hechas al son del rechazo ciudadano. La malhadada reforma judicial ha sido el mayor golpe contra la institucionalidad encarnada en la aún joven Constitución Política, y lastimosamente, pese a las bondades de algunas de sus normas, pasará a la historia como el más agresivo ataque que haya recibido esa Carta Política, y dejó bastante maltrecha la imagen de los representantes del pueblo en las altas esferas, cuya inferioridad ante un compromiso histórico que los obligaba a un mejor comportamiento, ha quedado en evidencia. La altura de nuestros líderes se ha rebajado, han mostrado mucho menos hidalguía y estirpe democrática que la requerida por sus investiduras. DESTACADO “La malhadada reforma judicial ha sido el mayor golpe contra la institucionalidad encarnada en la aún joven Constitución Política, y lastimosamente, pese a las bondades de algunas de sus normas, pasará a la historia como el más agresivo ataque que haya recibido esa Carta Política”. EDITORIALITO La hundida reforma a la justicia, comenzó a generar los primeros efectos. Según la encuesta de Datexco para La W y el diario El Tiempo el 76,46% de los colombianos tiene una imagen desfavorable del Congreso. La imagen del presidente Juan Manuel Santos cayó diez puntos. Y con seguridad, marcará un derrotero en términos de credibilidad.