Una característica esencial de las más importantes empresas privadas reside en la cuidadosa selección de sus directivos, ejecutivos y empleados de confianza, quienes -para ingresar, ascender y permanecer- deben demostrar formación, trayectoria, preparación y limpia hoja de vida. Si así no fuera, el fracaso sería muy probable.
En cuanto al sector público -particularmente en la rama ejecutiva-, si bien la Constitución estipula que, por regla general, los empleos en los órganos y entidades estatales deben ser de carrera y se llega a ellos mediante concurso público, están exceptuados los de libre nombramiento y remoción, y es allí en donde se suele fallar.
En la realidad, tanto a nivel nacional como departamental, distrital y municipal, muchos altos cargos de libre nombramiento y remoción se deben a la influencia política, a la recomendación o a la amistad. No debería ser así. Por el contrario, tendría que prevalecer el interés público y los nominadores tendrían que fundar sus decisiones en el pleno y adecuado conocimiento del candidato: nivel académico, hoja de vida, mérito y aptitud específica en los asuntos propios de la función que se habrá de desempeñar.
Tanto el presidente de la República como los ministros y directores de departamentos administrativos, los gobernadores y los alcaldes han de gozar de la libertad necesaria para conformar sus equipos de gobierno. De allí que las normas se refieran al libre nombramiento y remoción. Pero esa libertad no equivale a arbitrariedad. Ellos deben tener en cuenta que asumen una altísima responsabilidad cuando designan a los altos funcionarios. No cualquiera debe llegar a la función pública.
Si ese cuidado es necesario en el ámbito interno, con mayor razón en lo que toca con los altos cargos que habrán de ser desempeñados en el exterior. Los embajadores, cónsules y demás altos funcionarios colombianos -ministros plenipotenciarios de primera, segunda o tercera clase, consejeros de embajada y secretarios de embajada de primera, segunda o tercera clase- son nuestra imagen ante el mundo. Nos representan. No solamente deben ser diplomáticos de carrera, con experiencia, trayectoria, formación profesional y conocimiento del idioma. Ante todo, personas de limpios antecedentes y comportamiento ejemplar.
No se trata de llenar vacantes por llenarlas, ni de satisfacer la aspiración o conveniencia del aspirante. La carrera diplomática es fundamental, en cuanto congrega a funcionarios estudiados, especializados y expertos en el servicio exterior, que compromete al Estado colombiano en las relaciones con otros Estados y entidades de Derecho Internacional.
Alguien con pasado delictivo, inhabilitado o con previas sanciones disciplinarias o fiscales, o con problemas de drogadicción, o quienes presentan antecedentes de maltrato o violencia intrafamiliar, agresión de género o sexual -peor aún contra niñas, niños o adolescentes- no pueden representar a Colombia ante otros países, ni ante la comunidad internacional. Avergonzarían a Colombia, y eso no lo debe permitir ni propiciar ningún gobierno, con independencia de su orientación política o ideológica.
Hablando de agresiones contra menores -lo que se ha discutido con razón, a propósito de un reciente nombramiento-, no olvide el Gobierno: ninguna forma de violencia de género -en especial contra menores- puede quedar impune, ni ser premiada con el ejercicio de cargos públicos, ni en Colombia, ni en el exterior. No es amor, es delito.
