En su primera entrevista hablando sobre el panorama de violencia que vive el Huila, la nueva defensora nacional del Pueblo, Iris Marín Ortíz, ha corroborado lo que algunos se niegan a hablar o reconocer: el fortalecimiento de los grupos ilegalmente armados en la región. Esta expansión, particularmente, de las disidencias de las Farc, se dio durante todo el 2023 y ha continuado este año, en el marco de la política de ‘Paz total’, que ha impedido que el Ejército pueda combatirlas ofensivamente.
En el diálogo que sostuvo con LA NACIÓN, la defensora admite que la situación es “preocupante” y que esa ha sido la razón para que la Defensoría del Pueblo emitiera 11 alertas tempranas. En estas alertas, “hemos advertido al Estado colombiano, a todos sus niveles, la necesidad de trabajar conjuntamente en una efectiva y adecuada respuesta de prevención a los riesgos de vulneraciones de los derechos humanos que se pueden materializar en reclutamiento y uso ilícito de niños, niñas y adolescentes, desplazamientos forzados, atentados contra los derechos a la vida, libertad e integridad personal, pero también que impida la extensión de los escenarios de violencia a otros municipios del Huila y la consolidación de una gobernanza armada ilegal por parte de los grupos al margen de la ley que tienen presencia e influencia en este departamento”.
En la misma entrevista, la defensora nacional del Pueblo eleva su voz sobre un hecho abominable recurrente: “Nos preocupa enormemente el tema de la ocurrencia de secuestros, su crecimiento en los últimos cuatro años (2020 con 80, 2021 con 99, 2022 con 141, 2023 con 221) y los 106 casos que han sido registrados por la Policía Nacional en lo corrido del 2024, a nivel nacional”.
Caen en una gran torpeza quienes crean que la mejor opción es callar, disimular, calcular políticamente un pronunciamiento o mirar para otro lado ante este panorama de inseguridad que vive el Huila. Lo que se necesita es un abordaje integral a estas problemáticas con acciones a corto, mediano y largo plazo.