“Si esta posibilidad de un gobierno electo popularmente en medio de este Estado y bajo la Constitución de Colombia no puede aplicar la Constitución porque lo rodean para no aplicarla y le impiden, entonces Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente”, fueron las controvertidas palabras del presidente Gustavo Petro que han abierto a lo largo de los últimos días un gran debate nacional en torno a la conveniencia o no de esa propuesta.
Además de las múltiples reacciones en contra, lo que ha venido por parte del mandatario de los colombianos es una serie de explicaciones a su declaración inicial, algunas cargadas de estigmatización.
El presidente Petro plantea una nueva Constitución Política para entre otras cosas, según él, implementar “efectivamente” el acuerdo de paz que firmó el gobierno de Juan Manuel Santos con la entonces guerrilla de las Farc; una “solución” al problema de las drogas ilícitas; una reforma judicial “que acerque el sistema judicial al ciudadano”; y “fortalecer la autonomía local”.
Sin embargo, ante la ‘cascada’ de pronunciamientos de rechazo a su propuesta, el mandatario ha caído en el camino de la agresión: “Muchos de los que se oponen a un proceso constituyente que haga protagonista a la ciudadanía de las reformas fundamentales, no lo hacen porque sean amantes de la Constitución del 91, sino porque son amantes de la gobernanza paramilitar y el régimen de corrupción que después de expedida la Constitución, se impuso de facto en el país”.
A los ojos de cualquiera, no se requiere de una nueva Constitución para implementar lo que Petro propone en su proceso constituyente –a no ser que esté jugando con cartas por debajo de la mesa–; lo que se requiere es un gobierno que le imprima una alta dosis de eficiencia a su gestión en temas urgentes como seguridad, manejo transparente de los dineros públicos, empleo, vivienda, infraestructura e inversión social. El pueblo, con toda seguridad, le reconocerá si, por ejemplo, hace algo para enfrentar el retroceso que ha tenido el orden público del país por cuenta del fortalecimiento de las disidencias de las Farc y otros grupos ilegalmente armados.
