Amaneció ayer la capital del Huila con una noticia que despierta zozobra: la activación de un artefacto explosivo contra un establecimiento comercial en plena calle Décima con avenida La Toma, en el centro de la ciudad. El objetivo era un concesionario de vehículos, pero la onda explosiva terminó afectando la sede de una casa de estudios. Por fortuna, no hubo víctimas mortales ni personas heridas. Una motocicleta en la que, al parecer, se desplazaban los criminales, fue abandonada en el lugar de los hechos.
El episodio podría pasar inadvertido sino es porque hace parte de una seguidilla de hechos de inseguridad que atormentan a los neivanos. Además de tener que lidiar con los homicidios y los hurtos, entre otros delitos, los habitantes de la ciudad están siendo ‘blanco’ de extorsiones e intimidaciones de toda índole, muchas de ellas provenientes de las disidencias de las Farc.
Lamentablemente, las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’ –en diálogos de paz con el gobierno de Gustavo Petro– han copado territorialmente regiones de la zona rural de Neiva y del norte del Huila. Y desde estos lugares están llamando y citando a comerciantes, empresarios, ganaderos y agricultores para exigirles gruesas sumas de dinero.
La realidad es que una llamada extorsiva provoca pavor en quien la recibe y su entorno familiar y la víctima termina accediendo al pago, sin saber que no será solo uno sino varios y que las intimidaciones continuarán. Por eso, con todo el dinero recaudado y adicional a ello sin la presión de las autoridades por cuenta de los diálogos de paz, el grupo ilegalmente armado se ha venido fortaleciendo enormemente.
Hay que decirlo sin ambages que cada pago de dinero ‘alimenta’ no sólo más extorsiones sino atentados terroristas, homicidios, secuestros, desplazamientos forzados, reclutamiento de menores, entre otros delitos.
La Policía y el Ejército están en la obligación constitucional de proteger a los huilenses. ¿Cómo van a contrarrestar realmente las extorsiones?
