El 94% de los empresarios colombianos creen el pago de sobornos sigue siendo una práctica generalizada en los negocios, según una encuesta realizada por Transparencia por Colombia y la Universidad Externado. El 94% de los empresarios colombianos creen el pago de sobornos sigue siendo una práctica generalizada en los negocios, según una encuesta realizada por Transparencia por Colombia y la Universidad Externado. LA NACIÓN, Neiva El pago de sobornos sigue siendo una práctica muy generalizada en el país a la hora de hacer negocios, según la última encuesta de Transparencia por Colombia y la Universidad Externado de Colombia. La encuesta se realizó entre 858 empresarios nacionales.
Elisabeth
Según el estudio, el incremento de la percepción del soborno desde el año 2008 (91%) y 2012 (94%) indica que la confianza en el contexto de los negocios en Colombia presenta un panorama negativo entre los empresarios, a la vez que se afianza la percepción de que “si no se pagan sobornos, se pierden negocios” (62%). Las modalidades más usadas de soborno, según la opinión de los empresarios, son los pagos para acelerar trámites (65%) y contribuciones políticas (54%) (Gráfica No. 1). Esto, sumado a los pocos registros contables de donaciones a campañas electorales (6%) representa un riesgo de corrupción con miras a las elecciones del 2014. Elisabeth Ungar, directora Ejecutiva de Transparencia por Colombia consideró clave que el sector privado rinda cuentas sobre la financiación electoral y pida cuentas a quienes financia. “Es legítima la participación del sector empresarial en la política a través de la financiación de campañas, pero esta no debe utilizarse como un mecanismo de incidencia indebida sobre los funcionarios públicos o para obtener contratos, rentas o favores”. Prevención En comparación con el 2010, hay una caída de 9 puntos en la implementación de medidas planeadas y periódicas contra el soborno en las empresas. Sólo el 42% de estas, implementa o desarrolla buenas prácticas. A pesar de este retroceso, el 67% de los empresarios considera que las prácticas anti soborno aplicadas por ellos son de utilidad para luchar contra este flagelo. Llama la atención que entre el 35 y 41 por ciento de los empresarios no implementa ninguna práctica para contrarrestar el soborno en aspectos como contribuciones políticas, donaciones, patrocinios y regalos y gastos de representación. Pocas llevan registros contables sobre estos temas, definen topes máximos o evalúa la existencia de posibles conflictos de interés. Un aspecto positivo a destacar es el incremento de las prácticas tendientes a mejorar los procesos internos de auditoría, que subió del 37% al 46% en el 2012, al igual que la implementación de sistemas de aseguramiento de los registros contables (51%). Otros resultados La corrupción en el sector público (50%) y la competencia desleal (38%) son los mayores obstáculos para la implementación de prácticas contra el soborno. Solo el 8% de las empresas que cuentan con sucursales han establecido sanciones para las sucursales y subsidiarias en caso de que se involucren en un acto de soborno. Las empresas son más fuertes en la verificación de datos que en la extensión de políticas contra el soborno con los proveedores. El 64% realiza una verificación de datos e idoneidad, pero solo el 29% comunica su posición de rechazo al soborno. El 58% de las empresas no cuenta con ningún canal de comunicación confidencial para empleados o para terceros que deseen denunciar posibles casos de soborno. Sólo el 29% de los encuestados conoce e3l nuevo Estatuto Anticorrupción, aprobado en agosto de 2011 y el 76% de ellos considera que la norma es útil para luchar contra la corrupción. Para Transparencia por Colombia “los resultados de la encuesta son un llamado a moverse contra el soborno, a tener la posición contundente de ‘no pago, no ofrezco, no pido, no recibo sobornos'”. Según Carolina Cadavid Bovin, directora del Área de Sector Privado, es necesario que además de la regulación estatal, “la autorregulación sea promovida desde los diversos sectores empresariales para fomentar la competencia justa; fortalecer la cadena de valor en ética y estimular la creación de canales de denuncia confidenciales de casos de soborno”.
