Personeros amenazados en el Huila, estarían callando información valiosa frente a las realidades de orden público en sus municipios por temor a represalias. Algunos aseguran sentirse desamparados. La Defensoría del Pueblo llama la atención a la institucionalidad para rodearlos, mientras que, la Procuraduría Regional del Huila investiga.
Johan Eduardo Rojas López
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Compleja es la situación que enfrentan los salientes personeros del Huila en cuanto a amenazas. Aunque es escasa la información sobre el tema, se conoce que en la región existen por lo menos cuatro representantes del Ministerio Público amenazados. Esto ha llevado a que opten por callar información o apartarse de sus cargos.
Esta situación fue expuesta por Edna Pinto Serrato, coordinadora de la Mesa Departamental de Víctimas del Conflicto del Huila, quien arrancó dejando claro que la realidad que viven los personeros del Huila es desconocida, incluso para la misma institucionalidad.
Sin embargo, afirmó que lastimosamente, esta es la verdad que se esconde entre los paisajes opitas y expresó que los hechos de violencia que atormentan al departamento han silenciado la voz de los representantes del Ministerio Público en los diversos municipios, en donde existe el reclutamiento infantil, desplazamiento, extorsiones y homicidios.
Para ella, es precisamente la falta de garantías lo que ha generado que varios personeros se silencien y decidan no denunciar formalmente. “En este momento tengo conocimiento de cuatro personeros que no puedo nombrar por reservas; pero es importante hacer un llamado al gobierno porque sí se están presentando amenazas”, manifestó Pinto Serrato.
Una problemática que se heredará
Según la Coordinadora de la Mesa de Víctimas, lo más preocupante es que dicha problemática podría heredarse a los nuevos personeros que arrancarán su periodo mañana primero de marzo.
Enfatizó así en que “ellos tienen unas rutas que no son efectivas y se ven vulnerados porque muchas veces no son escuchados”. Y agregó también que “se manifiesta que son las disidencias de las Farc o el nuevo Comando de Fronteras quienes están actuando en el departamento del Huila, por eso, hacemos un llamado para que se indague la situación y así saber con exactitud quienes están detrás de estas amenazas”.
Muy poca verificación
El hasta hoy presidente de la Asociación de Personeros del Huila, Wilson Díaz Sterling, reconoció que aunque esta situación ha sido verificada, sólo hay una denuncia oficialmente interpuesta que corresponde a la Personera de Algeciras que ha sido catalogada con nivel de riesgo. Sin embargo, existen otros tres casos de afectaciones por el cumplimiento de las funciones con algunos servidores públicos y la comunidad en general; sobre todo en la intervención dentro de procesos judiciales, administrativos y penales.
Estos tres casos han sido en San Agustín, La Plata y Villavieja, los cuales no han pasado a mayores y no tienen conexión con el tema de orden público. Bajo esa lógica, de acuerdo con Díaz Sterling, frente a la presencia de grupos al margen de la ley en la región, los personeros se han mantenido muy imparciales.
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Solución diplomática
“Los personeros vivimos una realidad muy difícil porque nos encontramos en medio de muchos intereses, por consiguiente, estamos muy solos y expuestos. Hay personeros que les toca silenciarse y nos toca ser resilientes. Nosotros debemos ejercer las funciones con nuestros equipos y la mejor medida es la autoprotección”, argumentó el saliente Personero de Neiva.
Añadió en este sentido que todo este panorama muchas veces los obliga a renunciar y cambiar de actividad, como una forma diplomática de resolver sus realidades. “Es muy difícil que el Estado le pueda garantizar la vida y seguridad a un Personero amenazado”, concluyó.
Sin conocimiento
Edgar Martin Lara, secretario de Gobierno y Desarrollo Comunitario del Huila, se refirió al tema y contó que de parte de los personeros no ha recibido ninguna comunicación de esta índole, no obstante, desde la administración departamental los convocaron a diálogos permanentes sobre los hechos de orden público.
Caso documentado
La personera de Algeciras, Esther Cabrera, es la única que a la fecha activó la ruta de acción, luego de recibir amenazas de grupos armados ilegalmente por actuar como Ministerio Público y afortunadamente tuvo medida de protección, a pesar de que fue desplazada del municipio y tuvo que radicarse en Neiva, desde donde siguió ejerciendo.
Llamado de atención
Frente a todo lo expuesto, Johana Elena Rojas, Defensora del Pueblo Regional Huila, hizo por su parte, fuertes reparos sobre la estigmatización e instrumentalización que han sufrido algunos personeros.
Aseveró desde luego, que llama ‘poderosamente’ la atención este tipo de amenazas que deja al libre albedrío todas las conductas victimizantes que no se pueden documentar por parte de estos agentes del Ministerio Público.
“Tengo que llamar la atención a toda la institucionalidad policial y fiscal para que esté garantizando los derechos de los personeros y de todos los ciudadanos del territorio y cese esta situación. Esto es muy preocupante porque ellos son la voz de los que no tienen voz”, puntualizó.
LA NACIÓN conoció que la queja en mención ya llegó hasta la Procuraduría Regional del Huila, en donde está siendo investigada. Es de aclarar que, están recaudando toda la información, toda vez que, no fue hecha por los mismos personeros, sino por un tercero.
