Mining Strategy for Latin America and the Caribbean es el título del documento del Banco Mundial que ha inspirado la política y legislaciones mineras desde el Rio Grande en la frontera norte de México a la Patagonia Argentina, incluyendo a Colombia, con una orientación favorable a la mega-minería transnacional. La elaboración del Código Minero de 2001, vigente en el país, contó con asesoría canadiense.
Múltiples han sido los beneficios fiscales para las transnacionales mineras en Colombia: contratos de estabilidad jurídica y tributaria por 30 años, descuentos tributarios por inversión en medios de capital, regalías deducibles de impuestos, compensaciones no adecuadas por la desaparición del recurso, ausencia de compensaciones por daños ambientales y humanos, además el envío al exterior de hasta un 70% de la utilidades obtenidas.
La destrucción de ecosistemas terrestres y acuáticos que posibilitan la existencia humana y la biodiversidad, por parte de la mega-minería es evidente en el noroeste antioqueño, el Chocó, sur del Cesar o en Córdoba. En lo que pareciera ser un contrasentido, en el Huila con la aquiescencia de la Agencia Nacional de Minería, 65.220 hectáreas de zonas ambientalmente protegidas no estarían excluidas para los efectos de titulación minera. En Villavieja han sido requeridas 20.494 hectáreas; de las 18 solicitudes cursadas, la mayoría son de la multinacional sudafricana Anglo Gold Ashanti.
El pasado 28 de julio se adelantó en el municipio tolimense de Piedras una consulta popular que rechazó la explotación minera por parte de Anglo Gold Ashanti en su territorio, a lo que el Ministro de Minas y Energía, oriundo de la Tierra Firme, ha dicho que a pesar del legítimo querer de la comunidad, “es claro que el Estado es el dueño del subsuelo”. El Ministro pareciera olvidar deliberadamente que, según la Constitución Nacional todas las personas tienen derecho a gozar de un medio ambiente sano y que la ley garantiza la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarla. Por otra parte, según la misma Carta Magna, el territorio con los bienes públicos que de él formen parte son de la Nación, es decir de todos los colombianos sin distinción.
Así las cosas, resulta muy laudable la iniciativa que se abre paso en el Huila con la aprobación de la Asamblea Departamental, para que el señor Gobernador lidere la realización de una consulta popular con respecto a la construcción de nuevas represas en el territorio departamental, pues se habla de un total de 9 proyectos. La consulta debiera extenderse al tema de proyectos mineros que pongan en peligro ecosistemas protegidos y fuentes de abastecimiento de agua, como la cuenca del río de Las Ceibas.
