El gerente del Hospital Universitario de Neiva, Juan Diego Fierro Oliveros al igual que Nidia Guzmán Durán “rectora” de la Universidad Surcolombiana y la decana de la Facultad de Ciencias de la Salud, Dolly Arias Torres deben explicar a la opinión pública y a las autoridades por qué, ante la ocurrencia de delitos como Acoso Sexual, omiten su deber legal de denuncia.
El acoso sexual y la omisión de denuncia de servidor público son delitos establecidos en el Código Penal Colombiano. Para las normas disciplinarias, son faltas disciplinarias gravísimas que dan lugar a destitución. En septiembre de 2023, se le preguntó a seis médicos residentes de la Especialización en Cirugía General de la Universidad Surcolombiana si habían sido acosados sexualmente, y tres respondieron que Sí. Las directivas del Hospital Universitario de Neiva y de la Universidad Surcolombiana guardaron silencio y no informaron a la Fiscalía General de la Nación ni a la Procuraduría General.
Lo que sucede en el Hospital Universitario de Neiva con los Médicos Residentes de la Universidad Surcolombiana es desgarrador: Cinco de los seis Médicos consultados señalaron que son víctimas de acoso laboral frecuente (83.3%) y tres de los seis indicaron que son víctimas de acoso sexual (50%). Esto significa que tres de estos seis médicos residentes tienen que soportar tanto acoso laboral frecuente como acoso sexual al mismo tiempo. Es importar mencionar que de los seis Residentes consultados cinco son Mujeres.
Ya deberían existir investigaciones con resultados claros; los acosadores tendrían que estar suspendidos y por fuera de sus cargos para impedir más ataques, presión y manipulación de las pruebas que los incriminan. Sin embargo, en el Hospital Universitario de Neiva y la Universidad Surcolombiana, los acosadores son protegidos y se les permite continuar torturando sus víctimas.
Estos acosadores son muy poderosos, presumen su familiaridad y amistad con políticos de la región, han hecho parte de la Junta Directiva del Hospital y se ufanan de ser los médicos personales del gobernador. Tal vez por ello se creen intocables.
Multa y pérdida del empleo es la consecuencia que establece el Código Penal para un servidor público que, conociendo de la ocurrencia de un delito, no lo ponga en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación. Prisión de uno a tres años establece el mismo código para los acosadores sexuales. No es un buen negocio encubrir acosadores.