El ente acusador estudiará nuevas pruebas, que se entregaron por parte de la defensa a la Fiscalía el pasado viernes en una diligencia de ampliación de interrogatorio rendida por el exoficial.
Tras la indagación de las pruebas entregadas por la defensa de Montoya, el ente acusador deberá determinar si continúa con la imputación de cargos, o por el contrario se abstiene de llevar a cabo la judicialización del general (r).
Según la Fiscalía, el exoficial presuntamente no tuvo en cuenta las recomendaciones de diferentes entidades que advertían sobre la práctica de ‘falsos positivos’ dentro de la institución. Razón por la cual había solicitado la imputación de cargos ante el Tribunal Superior de Bogotá.
“Con el material recaudado en la investigación se ha podido establecer que el general Montoya tenía conocimiento de las irregularidades que se estaban presentando a través de las quejas, denuncias y alertas que se venían instaurando por familiares de las víctimas, organismos estatales y no gubernamentales de defensa y promoción de derechos humanos”, señala un documento de la Fiscalía frente a los hechos referenciados en el periodo entre 2006 a 2008.
Según el ente investigador, el General actualmente retirado en su condición de Comandante del Ejército, debía ser “garante de la vida e integridad física de los integrantes de la población civil”.
Sin embargo, de acuerdo con la teoría de la Fiscalía el exoficial puso en práctica una política de presión de resultados dentro de la Fuerza Pública, que puso en riesgo a la población.
