De acuerdo con cifras publicadas por la Superintendencia de Notariado y Registro, a lo largo del año 2023 se casaron 114 menores de edad en el país. Al respecto, sorprende la falta de voluntad que ha caracterizado al Congreso de la República para sacar adelante las diferentes iniciativas legislativas que han buscado cerrarle la puerta al matrimonio infantil durante los últimos años. Al respecto uno se pregunta ¿será alcahuetería legislativa? ¿será ineptitud o simple miopía?
Para poner de presente las profundas y ridículas ironías que existen al interior del ordenamiento jurídico colombiano, en relación con los menores de edad, podemos referenciar la reciente iniciativa de las autoridades de transporte colombianas, de implementar un formato de “autorización de viaje para niños, niñas y adolescentes”, para los casos en los que estos viajen sin sus padres o tutor legal. En un país donde se encuentre prohibido el matrimonio infantil, este tipo de iniciativas tendrían mucho sentido y efectividad, sin embargo, en países como el nuestro, lo único que surgen son cuestionamientos, como, por ejemplo: ¿Necesitarían permiso dos menores de edad recién casados que van de viaje a su luna de miel? En caso afirmativo, ¿Quién sería el competente para emitir dicho permiso? ¿Qué pasaría en los casos en los que la joven pareja quisiera viajar para consumar su unión, pero existiera oposición de los padres? ¿Qué manifestación prevalecería? Ahora bien, en los casos en los que la unión involucra a un menor y a un mayor de edad también vale la pena hacerse las mismas preguntas. Como lo ven, resulta patético e hipócrita que como sociedad continuemos considerando que ciertos menores (los de 14 años para arriba) tengan la capacidad jurídica suficiente para casarse (con todas las implicaciones que esta unión trae), pero no para otras cosas, como, por ejemplo, decidir de forma libre y autónoma, vacunarse contra el Virus del Papiloma Humano.
En síntesis, mi planteamiento es que, si realmente queremos proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes, tenemos que eliminar de nuestro ordenamiento jurídico todo contrato y figura legal que abra la posibilidad a que estos queden expuestos a situaciones que ningún menor debería estar viviendo, pues solo de esta manera podemos dar pasos firmes hacia un fututo donde los menores colombianos dejen de ser vistos como potenciales esposos, esposas y amantes.
