En menos de tres meses la Caja de Compensación Familiar del Huila le dará cristiana sepultura a su EPS, intervenida hace dos años por un cáncer financiero que hizo metástasis. Mientras prepara la eutanasia administrativa, el 54.73% de las acreencias quedarán en el aire. Primicia.
RICARDO AREIZA
Confirmado. La liquidación total de la EPS Comfamiliar llegó a su fin. La toma de posesión de todos sus bienes y negocios, y la intervención forzosa con fines de liquidación terminará definitivamente en noviembre próximo.
El programa de salud, creado durante el gobierno de Uribe, se convirtió en un cáncer financiero, que impactó negativamente el patrimonio de la Caja de Compensación Familiar del Huila y la colocó al borde de la insolvencia.
Hoy, dos años después de haber sido intervenida, la EPS tendrá entierro de tercera. Pasará a mejor vida en menos de tres meses.
La medida cautelar de urgencia ordenada el 26 de agosto de 2022 concluyó sin traumatismos, el proceso se surtió exitosamente, las reclamaciones se tramitaron dentro de los parámetros legales y las controversias se dirimieron pacíficamente lo que permitió avanzar según la hoja de ruta trazada, confirmó el agente interventor, Juan Carlos Carvajal.
“Incluso, la calificación y graduación de las acreencias reclamadas, el tema más complejo, se tramitaron dentro de los cauces del debido proceso”, aseguró.
Prórroga
El proceso de liquidación, según la hoja de ruta debía surtirse durante dos años hasta el 26 de agosto de 2024. Sin embargo, en esa fecha, cuando estaba lista la aplicación de la eutanasia, el superintendente Nacional de Salud, Luis Carlos Leal Angarita, lo prorrogó oficiosamente por tres meses más, mientras se prepara el informe financiero, la rendición de cuentas y la terminación del proceso liquidatorio y la supresión y disolución de la EPS.
Durante este lapso, el agente liquidador deberá adelantar las gestiones pendientes de recuperación de cartera, tramitar el paz y salvo ante la ADRES sobre la disponibilidad de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el cierre de las cuentas maestras y, en general, la terminación de los procesos de compensación, descuentos y recobros. El plazo final será el 26 de noviembre.
“Sin embargo, creemos que se hará antes de esa fecha”, anticipó el director administrativo, quien ejerce como agente interventor.
Antecedentes
La intervención total de la Caja fue ordenada el 25 de julio de 2022, dos semanas antes de culminar el gobierno de Iván Duque para conjurar la caótica situación financiera, que se venía registrando desde el 2012 provocada por la EPS que no pudo conjurarse.
Desde esa fecha, la Superintendencia de Subsidio Familiar asumió el control total de la entidad y dispuso la remoción inmediata del director administrativo Luis Miguel Losada Polanco y relevó a la totalidad de los miembros del consejo directivo que venía en interinidad desde antes del 2016.
Un mes después ordenó la liquidación definitiva de la EPS, causa y origen del ensombrecido panorama financiero.
Desde el 4 de agosto de 2016, dos meses después del escándalo de corrupción que precipitó la renuncia y judicialización de su director Armando Ariza Quintero, Comfamiliar estuvo sometida a un proceso de vigilancia especial. Esa medida cautelar se prorrogó durante cinco oportunidades en forma sucesiva ante la imposibilidad de enderezar su rumbo.
Por el contrario, los planes de reorganización institucional y las acciones emprendidas para evitar la quiebra del programa de salud fueron insuficientes y no dieron los resultados esperados.
El programa de salud siguió en condiciones críticas, colocando en alto riesgo la adecuada, eficiente y oportuna prestación de los servicios de salud a los 551 mil afiliados que tenía en esa época.
En saldo rojo
Las pérdidas en el año 2012 ascendían a 12.581 millones de pesos con rentabilidades netas negativas de 5,90%.
Al terminar diciembre de 2021 las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores llegaron a 264.777 millones y, la pérdida del año corriente alcanzó los 40.310 millones.
Estas cifras, según el revisor fiscal, Yesid Perdomo Guerrero, arrojaron ese año pérdidas totales por de 305.087 millones de pesos.
En el mes de julio de 2022 el patrimonio total de la Caja llegó a cinco mil millones y en agosto de 2022 por primera vez en toda la historia de la entidad, el patrimonio fue negativo, según lo anticipó el superintendente Delegado para la Gestión, Raúl Fernando Núñez, designado como primer agente interventor.
“El patrimonio de la Caja fue de 356.800 millones de pesos, registró una disminución de 85.5%, arrojando un patrimonio de $51.713 millones, equivalente al 14.5%”, según el reporte del revisor fiscal Yesid Perdomo Guerrero, nombrado como Contralor en el proceso de liquidación que está terminando.
Esos indicadores precipitaron la intervención administrativa y la posesión forzosa de la EPS con fines de liquidación que terminará en noviembre con el entierro definitivo.
¿Cómo termina?
A pesar de haberse surtido exitosamente el proceso de liquidación en el término previsto, las expectativas en materia de pago de acreencias, no son las esperadas.
El proceso de liquidación terminó exitosamente, sin deudas laborales, ya que los empleados de la EPS fueron reubicados y otros se retiraron voluntariamente con las indemnizaciones de ley. Sin embargo, los demás acreedores no corrieron la misma suerte.
En el proceso solamente se reconoció menos de la mitad, el 45,27 por ciento de las reclamaciones totales presentadas oportunamente por los acreedores. Esto significa que más de la mitad (el 54.73%) quedaron en el aire por inconsistencias de las acreencias detectadas en el proceso de calificación y graduación.
El año pasado fueron radicadas 2.832 reclamaciones por parte de los acreedores por la suma de 717.134 millones de pesos. De éstas acreencias 155 por 5.331 millones fueron reclamaciones extemporáneas que no entraron en la masa liquidatoria.
“Esas reclamaciones fueron sometidas a un proceso de verificación por parte de la auditoría. Una vez se terminó el proceso de calificación y graduación de las acreencias el saldo reconocido por parte de la Caja de Compensación Familiar ascendió a la suma de 324.651 millones de pesos. “Ese es el saldo final”, precisó el agente interventor.
“De esa suma, a la fecha hemos pagado aproximadamente 5.593 millones de pesos quedando un total por pagarle a los prestadores de salud un poco más de 319.000 millones de pesos”, reveló Carvajal Rodríguez, director de Comfamiliar.
Acreencias
Durante el proceso de calificación y graduación se validaron 1.993 acreencias por la suma de 324.651millones de pesos que representan apenas el 45,27% del total de las reclamaciones con las que culminará el proceso de liquidación. Las cifras son definitivas y no son objeto de apelación.
La mayoría de las reclamaciones corresponde a las glosas realizadas durante la auditoría. Estas glosas se mantuvieron en su mayoría porque no cumplían con la normatividad vigente para reconocimiento.
En otras palabras, 392.602 millones de pesos no fueron reconocidos y quedaron por fuera. Esta cifra representa el 54,73% de las reclamaciones radicadas por los acreedores.
Red pública
Las mayores deudas corresponden a la red pública. Los cuatro principales hospitales del Huila presentaron reclamaciones por 160.976 millones de pesos, pero solamente le reconocieron 94.042 millones de pesos, un poco más de la mitad. Hasta el momento han recibido por giro directo 1.590 millones de pesos.
El Hospital Universitario de Neiva presentó reclamaciones iniciales por 95.772 millones de pesos, pero finalmente solo le reconocieron acreencias por 63.905 millones de pesos. En el proceso de calificación se rechazaron reclamaciones por 31.868 millones de pesos.
Por giro directo, el Hospital Universitario solo ha recibido la suma de 835,87 millones de pesos.
El Hospital San Vicente de Paúl de Garzón, el segundo con las mayores acreencias, presentó reclamaciones por 42.698 millones de pesos. Solo le reconocieron 13.455 millones de pesos. Por giro directo recibió 334,84 millones de pesos.
El Hospital San Antonio de Pitalito sustentó reclamaciones por 17.568 millones de pesos; le reconocieron 12.623 millones y recibió por giro directo 324,96 millones de pesos.
Las acreencias del Hospital San Antonio de Padua ascendieron a 4.937 millones de pesos, admitidas 4.058 millones y recibió un por giro directo 94,55 millones de pesos.
Red privada
En el sector privado las reclamaciones más altas fueron presentados por la clínica Uros con 97.775 millones de pesos, de los cuales solo le aprobaron 21.636 millones de pesos. La clínica Medilaser presentó acreencias por 88.029 millones de pesos de las cuales solo fueron reconocidos 39.761 millones de pesos. Recibió por giro directo 717,64 millones de peos y Uros 51,86 millones. En el informe aparecen las demás IPS con cuentas pendientes no canceladas por la EPS intervenida.
Sin recursos
“Sin duda es un panorama complejo -digo yo- para los prestadores del servicio de salud porque al mes de agosto de este año la EPS en liquidación tiene por recaudar alrededor de 44.412 millones de pesos y lo que está pendiente o lo que estaría pendiente por cancelarle a esos prestadores es la suma de 319.057 millones de pesos”, advirtió el agente liquidador.
“Una vez logremos recuperar esos 44.412 millones de pesos, posterior al proceso de liquidación se distribuirá entre los acreedores. Esa plata será girada en su gran mayoría directamente por la ADRES, la entidad de los pagos, giros y transferencias que a los diferentes agentes que intervienen en el sistema de salud”, explicó Carvajal Rodríguez.
Giros pendientes
Según la metodología, los giros se harán de manera proporcional a los distintos prestadores de salud, pero va a haber una cifra que va a quedar pendiente por pagar por parte de ese proceso de liquidación, como ocurre en todas las liquidaciones.
Lamentablemente para el sector salud los saldos por recaudar correspondientes a la EPS intervenida no alcanzarán para cancelar la totalidad de las acreencias legalmente reconocidas.
“Estamos hablando de una cifra por el orden de los 270.000 millones de pesos que no se van a ver, son recursos que no los hay, que no quedan de la EPS, no hay recursos con qué pagarles a esos prestadores de salud. Esa es la realidad. La EPS no tenía bienes ni activos”, afirmó.
“En este proceso, -agregó- nos correspondió única y exclusivamente surtir todos los trámites legales y administrativos necesarios y pertinentes acorde a la ley para adelantar el proceso de liquidación que estamos concluyendo”.
En el aire
“Este sí es un panorama complejo difícil porque al final del cierre del proceso de liquidación de este año cuando se culmine y se cierre todo el proceso de liquidación y se le rinda los informes finales a la Superintendencia Nacional de Salud y a los acreedores, efectivamente va a quedar una cifra cuantiosa por pagar a los acreedores o prestadores del servicio de salud”, admitió Carvajal.
“Esos recursos que quedaron pendientes se van a quedar sin cancelar. Esos recursos eran del programa de salud, eran del sistema de salud, no eran recursos de la Caja, es decir, no eran recursos parafiscales del 4%” afirmó. Esta es la otra amenaza para el patrimonio de la caja ante una eventual judicialización”.
“Desde mi posición como director administrativo de la Caja de Compensación del Huila – dijo- mis actuaciones irán encaminadas a ejercer la defensa judicial de ese patrimonio de la caja que al final es el patrimonio de los trabajadores del Huila”.
Aunque los recursos provenientes del sistema de subsidio familiar, son inembargables, y el proceso de liquidación terminará sin traumatismos, la eventual judicialización de las acreencias en el aire seguirá en la agenda, como otra amenaza contra el patrimonio de la Caja.
“Son recursos inembargables. Por ende, los bienes que ha adquirido la Caja de Compensación con recursos del 4% son totalmente inembargables y en ese sentido están encaminados nuestros esfuerzos y nuestras acciones a defender el patrimonio de la caja de compensación totalmente independiente que vivía de los recursos del sistema general de salud”.
Cierre definitivo
Cumplida la hoja de ruta la EPS será formalmente disuelta y dejará de existir como programa especial. A partir del 26 de noviembre, o antes, se cancelarán todos los registros oficiales y desaparecerá del mundo jurídico. Solo quedará como un epitafio su traumático discurrir: Por fin descansará en paz. RIP.