Todo en el sector energético está patas arriba, pero el ministro Camacho puede organizar la casa.
La contingencia operativa imprevista en algunos pozos de Canacol Energy en la Costa generó la semana pasada una restricción de gas para la demanda industrial de toda la región. El evento afectó a tan solo el 4 % de la demanda nacional, pero paralizó la actividad de más de 60 industrias. La situación en la costa Caribe no es muy distinta de la del resto del país, en donde cerca de dos terceras partes de las industrias no tienen combustible sustituto al gas. Esta emergencia se ha sumado a lo ocurrido hace algunos meses en el suroccidente del país para ratificar el riesgo que corre Colombia de no mantener la garantía de suministro de este combustible en el mediano y largo plazo.
Al respecto, hay que insistir en que las reservas probadas disminuyeron un 11 % en el año 2022 frente al 2021, contamos con gas natural para tan solo 7,2 años, la cifra más baja en la historia del país y que debería ser suficiente para que todas las alarmas del sector estuvieran prendidas. Desafortunadamente el Gobierno nacional, en su afán de avanzar en una equivocada, irracional e ideologizada transición energética, se resiste a dar las señales adecuadas para reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos en el país.
Lo dicho en cuanto al gas se extiende también a la exploración y explotación de petróleo. Los mensajes del Gobierno siguen siendo muy confusos para el mercado y los inversionistas. Tras el portazo que recibió Petro en la reciente cumbre amazónica al pretender que se aprobara una declaración para prohibir la exploración y explotación de este recurso en el Amazonas, quedó claro que Colombia podría convertirse en el único país en el mundo que renuncia al desarrollo de unos recursos de los que dependen sus ingresos para la atención de las apremiantes necesidades de inversión social. La lista por ahora la encabeza Ecuador, que precisamente prohibió la explotación de petróleo en estas áreas privándose de recibir más de 1.200 millones de dólares al año, recursos que difícilmente podrá compensar por otra vía. Lo cierto es que nadie en la famosa cumbre le compró a Petro su propuesta de una transición energética exprés y de espaldas a las necesidades de inversión y superación de la pobreza en nuestros países.
Si por el lado de los hidrocarburos hay preocupaciones, ni se diga por el de la energía eléctrica. La anunciada llegada del fenómeno de El Niño para final de año contribuye a formar la tormenta perfecta. Embalses cayendo aceleradamente, escasez de gas para atender la demanda de generación térmica, precios de la energía que superan los 1.000 pesos por Kw hora, parálisis en todos los proyectos de infraestructura eléctrica, tanto de generación como de transmisión nacional y regional, crecimiento de la demanda, incertidumbre por entrada en operación de las máquinas 3 y 4 de Hidroituango y, como consecuencia de todo lo anterior, amenaza de racionamientos en el primer trimestre de 2024. Para hacer frente a la situación, un ministro recién posesionado y una institucionalidad sectorial desbarajustada. No hay viceministros, ni directores de las principales agencias ni comisionados reguladores en propiedad. Lo que no falta es la improvisación y la irresponsabilidad. Esta semana se les ocurrió trasladar el cobro del servicio de transporte a la factura del servicio de energía. El mintransporte anuncia que la medida está tomada, pero reconoce que no existe un solo estudio, ni análisis económico, ni legal ni regulatorio. Nada. Solo una idea que quién sabe a qué genio se le ocurrió pero que, de aprobarse, tendrá un impacto muy injusto en el bolsillo de los estratos que ya en sus facturas hacen muy onerosas contribuciones en varios subsidios que incrementan las ya impagables facturas de energía.
Todo en el sector energético está patas arriba, pero el ministro Camacho tiene la oportunidad de organizar la casa. Yo creo que cuenta con el concurso de todos los actores. Pero hay que actuar rápido, con pragmatismo, dentro de la institucionalidad, tomando decisiones técnicas e informadas, dando las señales adecuadas a agentes e inversionistas, destrabando los proyectos de expansión y buscando avanzar en una transición energética ajustada a las propias necesidades del país: ordenada, justa, sostenible y sobretodo no ideológica, al servicio y no de espaldas a la gente.
