Faltando tres meses para vencerse el plazo, la Torre materno infantil de alta complejidad, no podrá terminarse como estaba previsto. El consorcio español, ganador de la propuesta, no ha cumplido y acaba de ser sancionada. De persistir, se declarará la caducidad del contrato. Faltando tres meses para vencerse el plazo, la Torre materno infantil de alta complejidad, no podrá terminarse como estaba previsto. El consorcio español, ganador de la propuesta, no ha cumplido y acaba de ser sancionada. De persistir, se declarará la caducidad del contrato. Ricardo Areiza LA NACIÓN, Neiva La torre materno infantil de alta complejidad, uno de los megaproyectos del pasado gobernador Luis Pajarito Jorge Sánchez, no podrá terminarse como estaba previsto. La obra con un costo 23.362 millones de pesos se encuentra al borde de la parálisis y al ritmo que lleva durará por lo menos dos años en terminarse, si no se declara anticipadamente la caducidad del contrato, como se tiene previsto, en caso de persistir el incumplimiento del consorcio español Lopesan Fronpeca, ganador de la polémica licitación adjudicada el 7 de septiembre de 2011. La firma, con graves problemas financieros fue sancionada ayer con una multa estimada en 233,62 millones de pesos por los reiterados incumplimientos en la ejecución del macroproyecto. La sanción pecuniaria, correspondiente al uno por ciento del valor del contrato, fue impuesta por el gerente del Hospital Universitario de Neiva, Jesús Antonio Castro Vargas. La medida contemplada en la Resolución 0652 fue notificada ayer personalmente al representante legal del consorcio Fabio Briceño Bueno y contra ella procede el recurso de reposición. Para la contratación de la megaobra, el gobierno departamental aportó con recursos de regalías petroleras, 16.289 millones de pesos y 4.284 millones pesos aportados por el centro asistencial para diseños, adquisición de predios e interventoría, para una inversión total que supera los 27.414 millones de pesos. La primera fase se proyectó en un área aproximada de 13.511 metros cuadrados y contempla la construcción de cinco pisos donde funcionaran urgencias pediátricas y maternas, cirugía, hospitalización, UCI, unidad de apoyo y diagnostico, parqueaderos, suministro de dos ascensores para personal y servicios para el hospital. En obra negra Sin embargo, faltando tres meses para el vencimiento del plazo, fijado en un año, (23 de octubre de 2012) la obra se encuentra ejecutada en un 30% sólo con recursos de anticipos y con un retraso hasta la fecha de 145 días en la ruta crítica. Pero lo más grave, según el interventor, Hugo Alberto Parra se ha cancelado entre un 85 y 87% en estructura, que no se ven reflejados en la obra. Y para completar, la firma registra problemas financieros, que podrían afectar la culminación del proyecto. Atrasos considerables Según el último informe de interventoría (9 de julio de 2012) firmado por el arquitecto Andrés Cabrera la obra presenta atrasos considerables. En la parte estructural se ha ejecutado el 30 por ciento cuando lo calculado a la fecha era el 96 por ciento. Las demás actividades previstas en el cronograma se encuentran paralizadas entre ellas la mampostería, las redes hidrosanitarias del sótano y del primer y segundo piso; las redes de fases medicinales, la red contra incendios. Según el arquitecto Hugo Alberto Quintero, director de la interventoría, no existe una verdadera programación de recursos; falta planeación en la ejecución del contrato; incapacidad administrativa, falta de dirección en la ejecución del proyecto. Además, el consorcio no ha legalizado los anticipos girados por trasladado de instalación de la planta concretera; falta el residente hidrosanitario y un inspector de obra. El contratista no ha cumplido con los cortes semanales de programación previstos en abril pasado. Tampoco ha tomado medidas, pese a los requerimientos frente a los agrietamientos de las placas de concreto. En las placas del segundo piso de la Torre B y del tercer piso de la Torrea A no se dejaron los pases para las instalaciones sanitarias. No se han ejecutado las instalaciones sanitarias ni el filtro perimetral. En opinión de la interventoría falta una formaleta en obra que permita realizar procesos continuos de fundición. “En nueve meses del plazo inicial sólo tenemos una ejecución equivalente al 30% del 65% programado, un atraso imputable al contratista de 71 días y que de acuerdo con lo manifestado por la propia constructora en los primeros 15 días de la reprogramación tenemos un atraso de 25 días sobre la ruta crítica”, concluyó el interventor. Sin garantías Asimismo advirtió que no existe una garantía efectiva de que las obras puedan ejecutarse dentro de los tiempos contractuales. “La interventoría no ve una acción responsable que nos permita garantizarle al hospital que dentro del tiempo ya anunciados se pueda ejecutar la obra, situación que es confirmada por el mismo contratista con su reprogramación”. El representante legal del consorcio Lopesan Fronpeca, Fabio Briceño Bueno, admitió que se han encontrado con mayores problemas de los que ellos pudieron haber evaluado. Primero señaló que han tenido que comprar concreto a precios mayores perdiendo 120.000 pesos por metro cuadrado. Igualmente admitió que han tenido dificultades financieras, al no contar con los recursos cuando la obra los necesitaba, así como inconvenientes administrativos con el acceso al anticipo. Finalmente reconoció que han tenido muchas dificultades, que están perdiendo muchos dinero, que los afectó la pasada ola invernal, que la posición de la empresa es poner la cara y sacar adelante la obra. ¿Empresa de papel? Sin embargo, la gran preocupación es la capacidad financiera para garantizar la ejecución de las obras con sus propios recursos, como lo sustentaron para ganar la polémica licitación. Lo cierto es que el consorcio español sólo ha ejecutado los recursos del anticipo. Por esa razón, la preocupación expresada por el recientemente posesionado gerente del Hospital Universitario Jesús Antonio Castro Vargas. “Dónde está el músculo financiero, que es lo que nos interesa conocer en este momento, porque lo construido sólo corresponde a los anticipos que se han venido dando pero no vemos la capacidad financiera sobre la cual el contratista puede soportar cualquier problema”, explicó Castro Vargas. “Lo que queremos saber- agregó- es la capacidad económica o financiera de la empresa, que soporte que pueden ejecutar la obra, que establezca que no es una empresa de papel tipo Nule; que verdaderamente tiene la capacidad financiera que soporte la obra”, insistió en la última reunión del Comité de seguimiento. “No somos una empresa de papel y eso lo podemos demostrar. Estamos haciendo un esfuerzo y vamos a salir adelante, queremos sacar la obra adelante”, explicó Fabio Briceño Bueno, representante legal del consorcio. Sin embargo, el 19 de julio pasado sólo remitió una certificación del banco español Caixabank donde señala que la firma Lopesan Asfaltos y construcciones (No Lopesan Fronpeca) tiene una línea de riesgo hasta ocho millones de euros y una línea de confirming (para gestión de pago de proveedores) por tres millones de euros. A juicio del centro asistencial, esa certificación no es una garantía real. Sólo con anticipos Y lo más grave. Según el arquitecto Hugo Alberto Parra, director de la interventoría, los recursos entregados por anticipos y los pagados por actas parciales se han cancelado entre el 85 y el 87 por ciento en estructura (cuarto y quinto pisos), los cuales no se ven reflejados en la obra. Aunque la firma contratista certificó que tienen una liquidez del 1,5 del valor del contrato, una capacidad de endeudamiento del 50% del valor del contrato y un capital de trabajo igual o mayor al 60% del contrato, no se ven reflejados en los avances de la obra. “Lo que quiere decir es que la firma tiene un montón de plata pero no la vemos aquí… Uno no puede planear, uno no puede programar obras, comprar hierro sin plata, uno no puede pagar trabajadores sin plata”, reiteró el interventor. De acuerdo con la evaluación los cortes de obra de los nueve primeros meses las inversiones van entre 200 y 1.000 millones de pesos, lo que arroja un promedio de 500 millones de pesos mensuales, cuando el monto debería ser 4.000 millones mensuales. “Con esa ejecución y retorno de recursos la ejecución de está obra tomaría por lo menos dos años. Las obras tienen un punto de quiebre y estamos en ese punto de quiebre, donde la obra necesita todo su músculo financiero porque hay que dar anticipo para todo. Sin la liquidez financiera y el capital de trabajo presentados en la propuesta es imposible sacar adelante la obra”, concluyó el director de la interventoría. Estimó que la empresa, según la propuesta, debería tener por lo menos 12.000 millones de pesos disponibles para ejecutar la obra, lo que no ha ocurrido. Las dudas El ingeniero Óscar Ríos Lobo, encargado del control de obras del consorcio Lopesan, aseguró que los recursos están invertidos en obras (proveedor de hierro), los aires acondicionados están garantizados, hay anticipo de ascensores, lo mismo que la mampostería está en bloque en obra y están en trámite la red contraincendios y las redes hidrosanitarias y eléctricas. No obstante, el concreto anunciado para continuar la obra no está contratado, lo que impedirá avances en la ejecución de la obra que debía entregarse el próximo 23 de octubre. 
La megaobra, ejecutada en un 30 por ciento, faltando tres meses para vencerse el plazo. 
Jesús Antonio Castro, gerente del Hospital.
