Hecha la ley hecha la trampa, dice un viejo adagio de la manera particularmente fraudulenta con que se asume en Colombia el contenido de ciertos preceptos legales, cuyo alcance y espíritu termina siendo lejano de la realidad que intenta regular.
Es la ley del atajo, del avivato, del que se las da de “avión” y logra la consecución de un fin utilizando caminos no santos pero que, en todo caso, usan el escudo de una norma para aparentar no solo su legalidad sino su legitimidad. Y he ahí una diferencia clave de lo que significa nuestro ordenamiento jurídico: muchos preceptos legales no son propiamente legítimos, esto es, aquellos que terminan siendo causa de abusos de poder o de extralimitación de lo que la misma norma pretendía. Y algo de ello está pasando, y ojalá se logre contener, con el abuso en la creación y funcionamiento de las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS), creadas mediante la Ley 1258 con el fin loable de –como su nombre lo indica – de simplificar el acceso de los colombianos a las formas societarias comerciales, de hacer más expedita su creación y de facilitar su funcionamiento y operación.
Pues pareciera que la Superintendencia de Sociedades, en buena hora, ha tomado medidas a fondo para señalar con claridad el alcance de las SAS. Y lo ha hecho con el ejemplo drástico de aplicar medidas contra unas sociedades agrícolas, de semillas, que al son de atractivos y jugosos beneficios estatales, de los llamados Incentivos a la Capitalización Rural (ICR), multiplicaron su existencia, logrando acceder a ellos de forma indebida. Las sociedades Mónica Colombia SAS, Tilava SAS, Monicol SAS y Agrocaxias SAS, se beneficiaron en forma indebida de los estímulos económicos otorgados por el Estado, puesto que el grupo empresarial Mónica Colombia utilizó la figura de las SAS para hacer fraude a la ley.
La Supersociedades les ha ordenado a las tres sociedades restituir más de 2.076 millones de pesos a Finagro tras demostrar que estas compañías fueron utilizadas para evadir las restricciones contempladas en las normas, que rigen el otorgamiento de Incentivos a la Capitalización Rural, considerando que las tres SAS del grupo empresarial Mónica Colombia sirvieron como un instrumento para burlar la ley.
Para los expertos de la Supersociedades, las pruebas disponibles permitieron concluir que la estructura de dicho grupo no obedeció a una finalidad legítima de negocios, sino que ese artificioso entramado societario fue, precisamente, el instrumento que permitió burlar las limitaciones contempladas para el otorgamiento de Incentivos a la Capitalización Rural.
Por ahora se trata de la decisión judicial más severa que detecta el uso de las SAS como instrumento de evasión legal, un mecanismo que – se indaga – ha sido usado por varios grupos empresariales para crear macroproyectos agrondustriales, como aquellos que buscan el aprovechamiento de la llamada Altillanura, entre Meta y Vichada.
En concreto, lo que ha hecho la Supersociedades es fijar una especie de estándar para determinar si la creación de una SAS obedece a un propósito legítimo o no. La trampa ya tiene cazador.
“Es la ley del atajo, del avivato, del que se las da de “avión” y logra la consecución de un fin utilizando caminos no santos”.
Editorialito
El gobernador Carlos Mauricio Iriarte visitó ayer el corregimiento de Santa Leticia Moscopán en el municipio La Plata. Es la primera vez que un mandatario visita la región totalmente olvidada, tanto que sus habitantes se sienten más caucanos que huilenses. Un territorio abandonado y en litigio con el vecino departamento.
