La grave situación de deforestación de la Amazonía colombiana alertada por organismos como la Procuraduría General de la Nación y la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, FIO, debe llamar la atención de todos los colombianos y generar la reacción inmediata de los Estados del mundo.
La problemática, generada por el acaparamiento de tierras, malas prácticas de ganadería, construcción de vías ilegales y minería ilegal, es un asunto de todos, entendiéndose la Amazonía como ese gran ‘pulmón’ que alberga el 30% de la biodiversidad del planeta y contiene la cuenca del río Amazonas, considerada la más grande del mundo con un promedio de 230.000 metros cúbicos de agua por segundo.
Según la Procuraduría, el aumento de estos motores de deforestación, se intensifica por la presencia y manejo territorial de grupos armados en la región, quienes instrumentalizan a los pobladores y aumentan sus finanzas por medio de cobros para la explotación del bosque y la entrada de cabezas de ganado. El organismo de control ha detallado que la ganadería extensiva representa el principal uso de las tierras deforestadas, precisando que cerca de 1.200.000 cabezas de ganado han entrado a 8 municipios ubicados alrededor de los parques del área de Manejo Especial de la Macarena, la Reserva Nukak y el Parque Nacional Natural de Chiribiquete.
“El costo de la Paz Total no puede ser la pérdida de nuestros bosques y de la soberanía sobre ellos”, ha sido el mensaje de la procuradora, Margarita Cabello.
Por su parte, la Federación Iberoamericana del Ombudsperson, FIO, ha señalado que la situación es tan delicada que la Amazonía ha perdido aproximadamente 54,2 millones de hectáreas, lo que equivale al 9% de sus bosques.
Semejante problemática requiere una gran movilización con acciones inmediatas y efectivas. El gobierno colombiano debería ser el primero en liderar la defensa de la Amazonía.
