Antes del derecho están los hechos. Más válido esto en el campo de las relaciones entre naciones, que en la juridicidad interna Antes del derecho están los hechos. Más válido esto en el campo de las relaciones entre naciones, que en la juridicidad interna. En esta, la ley puede modificar situaciones y hacerse obligatoria; aún así, la realidad suele liquidar su pretensión de universalidad y vigencia. En lo internacional, el hecho es ley, rebús sic stantibus; el tratado, como decisión, es el fundamento de los derechos. Aparte, desde luego, del ejercicio de soberanía, y los hechos que hacen derecho, incluyendo el uso de la fuerza. ¿Por qué se tenía que discutir un tratado? ¿Y el ejercicio reiterado de la soberanía nacional? ¿Era obligatorio poner en discusión los derechos de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia? Nuestra clase dirigente con frecuencia nos ha defraudado, especialmente en materia de fronteras. Mirando al interior, ha carecido de una visión hacia el exterior, que signifique la defensa de la soberanía nacional. Considera que todo se hace con normas, formalismos y un irresponsable concepto del civilismo. Seducida por la vía legalista, nunca ha tomado la prevención para no perder, como hacen otros países. Por qué no decirlo claramente; las armas disuaden más que la razón, especialmente en el campo internacional… y también en el interno. Los principios de soberanía exterior y de legitimidad interna, gravitan en el poder material para hacerlos respetar. Venezuela en varias ocasiones nos ha hecho palidecer con sus bombarderos, tanques y buques, amenazando las fronteras orientales. Aún resuenan en nuestros oídos la amenaza del derviche Chávez de colocar diez batallones en la frontera. A todo lo anterior, que implica el latente peligro para la soberanía de países democráticos y civilistas, se suma en las últimas décadas, esa burocracia internacional impregnada de ideología, permeable a influencias de toda clase, incluso místicas. Hemos padecido tenebrosas ONGs, financiadas desde el exterior. Entidades de la ONU, que callan o apenas susurran ante la inmensidad de las violaciones de los derechos humanos en países como China, Cuba y estados teocráticos, destellan en el caso colombiano, país democrático que cada cuatro años renueva sus poderes, para justificar sus nóminas. Así, la Corte de La Haya, como la misma Corte Penal Internacional, en buena parte mamertizadas, constituyen un magno peligro para un país adormecido en sus códigos, porque esto sugiere la debilidad de la víctima. No es una coincidencia que ahora estemos negociando la paz con quienes tienen por razón de su praxis la guerra al Estado Colombiano. Siempre terminamos entregando algo a nombre de la ley o la paz. También hay compatriotas que aplican el internacionalismo proletario contra Colombia; hoy están contentos. Pero saldremos adelante.