Sergio Felipe Salamanca Borrero
Esta semana se volvió a encender el debate sobre la regulación de las armas en Colombia, con ocasión del anuncio de haberse radicado un nuevo proyecto de ley sobre el tema. En concreto, hago referencia al proyecto No. 405-21, por medio del cual se busca fortalecer el monopolio del Estado sobre las armas y regular aspectos relacionados con el porte y tenencia de las mismas.
Lo llamativo de la situación, es que, al momento de revisar los verdaderos alcances del proyecto, se puede llegar a conclusiones muy diferentes de las que se anuncian en los medios de comunicación. En este sentido, y de una revisión a la información que circula en diferentes medios, se puede apreciar el hecho de que el proyecto es publicitado como si estuviera dirigido a eliminar la posibilidad de suspender las vigencias de los permisos de porte o tenencia de armas. Ahora bien, al revisar un poco más a fondo el articulado del proyecto de ley, es posible evidenciar que la facultad de suspender los permisos por parte del Gobierno Nacional no fue eliminada, pero sí cuenta con una llamativa propuesta de modificación.
La modificación en comento consiste en la ampliación que el proyecto realiza, para que el Gobierno Nacional pueda ordenar la suspensión individual de permisos de porte y tenencia. Como lo mencionaba anteriormente, esta inclusión me resulta llamativa por las siguientes razones: (i). Existe el riesgo de que esta facultad sea utilizada para “desarmar” personas que requieran portar armas para su defensa. Sé que puede sonar algo descabellado, sin embargo, no podemos olvidar la alta cifra de líderes sociales, ambientales y sindicales que han sido perseguidos y asesinados durante los últimos meses; y (ii). Esta nueva facultad termina siendo contraria a la intención que los autores del proyecto manifiestan de querer facilitar la defensa de los colombianos contra la creciente inseguridad.
Finalmente, lo que sí me gustaría rescatar de este proyecto, es que establece un mecanismo que fomenta el registro y normalización de la situación de armas de fuego de uso civil, dando para esto fin, tres alternativas: (i). Entregar voluntariamente el arma a la Policía Nacional, (ii). Solicitar el registro y expedición del respectivo permiso; o (iii). Revalidación del permiso. Son este tipo de medidas las que considero que realmente contribuyen a mejorar las problemáticas de seguridad que aquejan al país.
