El pasado fin de semana la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (Mane) aprobó la propuesta de ley que presentará para reformar la educación superior en Colombia. Una de las principales banderas de ese proyecto continúa siendo la exigencia de que la educación superior pública sea gratuita.
Si bien esta demanda puede parecer justa y urgente, me parece que en el contexto actual hay otras necesidades más apremiantes. Esa medida, incluso, podría tener consecuencias contrarias a lo que busca o por lo menos no contribuye a solucionar significativamente el problema de fondo.
Colombia es hoy un país con una alto nivel de desigualdad social y un bajo nivel de movilidad social en el sentido de que es muy probable que el que nazca pobre, muera pobre.
Particularmente la baja calidad en la educación básica para los estudiantes de estratos bajos hace más difícil que estos puedan ingresar y mantenerse en las universidades públicas; mientras que aquellos que pudieron pagar una mejor educación tienen mayores probabilidades de ser admitidos en las universidades públicas. Este es un factor más determinante que el costo de las matrículas.
Es por esta razón que mientras no se enfoquen los esfuerzos en mejorar la educación básica, hacer que la educación superior sea gratuita representaría en gran medida un subsidio a los que no lo necesitan – es decir, sería un subsidio regresivo – aumentando aún más la inequidad. Los países con educación pública gratuita y de calidad – por ejemplo Alemania y Francia – tienden a tener sociedades muchísimo menos desiguales que la colombiana y con sistemas escolares de primer nivel.
Por tanto, la prioridad del gobierno debe ser diseñar políticas públicas orientadas a mejorar la educación temprana y básica de las clases menos favorecidas. Se deben crear incentivos. Los esfuerzos de reforma educativa se deben centrar en este punto.
Se debe tener en cuenta también que para que la educación de calidad permita reducir la pobreza y la desigualdad, la economía debe ofrecer oportunidades laborales formales y promover la innovación. Es en este punto que se deben centrar los esfuerzos de reforma a la educación superior. Para esto el Estado debe garantizar una adecuada financiación de las universidades públicas, promover el trabajo conjunto con el sector productivo y alinear la política macroeconómica con objetivos de inclusión social e industrialización.
En fin, el valioso aporte de los estudiantes universitarios a través de la Mane debe tener una visión más amplia de las necesidades educativas de las actuales y futuras generaciones.
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