Neiva está a punto de tener la Unidad Permanente de Justicia que albergará 150 personas privadas de la libertad. El complejo contará con seis celdas, salas de audiencias, comisarías de familia y un CAI. La obra que se encuentra en un 85% tiene un costo superior a los $4.600 millones. “Estamos evaluando la posibilidad de que la operación la realice una empresa de seguridad privada especialista…”, dijo el secretario de Gobierno de Neiva, José Ferney Ducuara Castro.
Rafael Rodríguez C.
Una empresa privada experta en el manejo de centro de reclusión transitoria podría estar operando la Unidad Permanente de Justicia (UPJ) en Neiva, que tendría una población privada de la libertad de 150 personas.
Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno de Neiva, José Ferney Ducuara Castro, al manifestar que la posibilidad de que un privado opere el complejo judicial, ubicado en el barrio Bogotá en inmediaciones de la iglesia, para ‘liberar’ a los policías que tendrían que estar prestando seguridad allí y puedan reforzar el pie de fuerza de la Policía Metropolitana de Neiva.
“Garantizar que la operación como tal sea realizada por una empresa especializada de carácter privado nos va a permitir la liberación de un número importante de policías con lo cual reforzaríamos los cuadrantes de la ciudad, para que tengamos más pie de fuerza en las calles, en vez de estar los policías dedicados a cuidar a las personas detenidas como hoy”, dijo el funcionario en entrevista con LA NACIÓN.
Y es que la eventualidad de que un privado entre a operar la UPJ está siendo estudiada por la administración municipal, mirando dos experiencias que hay en el país. “Nosotros estamos evaluando el interior de un Consejo de Seguridad y al interior de un Comité de Orden Público la posibilidad de que la operación la realice una empresa de seguridad privada, especialista, con mucha idoneidad y experiencia en el manejo de este centro de detención transitoria, ya tenemos dos ejemplos exitosos uno en Bogotá y el otro en Barranquilla”, señaló Ducuara Castro, al precisar que el complejo estará a cargo de la administración municipal.
Sostuvo que la construcción y desarrollo del complejo judicial ha tenía el acompañamiento de expertos del sistema judicial en Colombia, especialmente del sistema carcelario. “La administración municipal ha vinculado a una persona experta del Inpec para que acompañe este proceso”.
Complejo judicial
La obra que tiene un costo de $4.642.867,552, no solo contará con celdas para las personas privadas de la libertad sino que permitirá a los habitantes de la comuna Seis y sus alrededores un más rápido acceso a la administración de justicia.
Seis celdas, acondicionadas con baterías sanitarias para los internos, están distribuidas en dos secciones: en la primera estarán cuatro para las hombres, una para mujeres, habitantes de calle y la siguiente para la población LGTBI+Q. En la segunda sección se diseñó para niños, niñas y adolescentes. “Cada celda va a contar con su sistemas de batería sanitarias, duchas y sistemas de lavamanos, todo en un diseño antivandalismo”, manifestó el Secretario de Gobierno de Neiva.
Además en el primero y segundo pisos funcionarán salas de audiencias en las que se desarrollarán las audiencias preliminares con los jueces de garantías. “Se va a garantizar la atención inmediata al detenido y vamos a evitar el riesgo que implica el traslado de una persona hasta el palacio de justicia en el centro de Neiva y que puede implicar una fuga”, indicó Ducuara Castro.
El complejo tendrá también comisarías de familia e inspectores de policía y un CAI de la Policía Metropolitana de Neiva.
$2.000 millones para la dotación
El complejo que se encuentra en un 85% de ejecución, que sería terminado a mediados del 2024 y puesto en funcionamiento en diciembre, requiere una inversión aproximada de $2.000 millones para la dotación. “Este es el mayor desafío que tenemos como administración municipal porque tenemos que garantizar en principio la terminación de la obra con todos sus acabados y seguidamente tenemos que garantizar la dotación”, manifestó el funcionario.
Indicó que se debe adquirir el mobiliario, tecnología, sistemas un circuito de cámaras, circuito cerrado de televisión, detectores de rayos X, detectores de metales, además de servicios de internet. “Todo un equipamiento de amoblamiento para los inspectores de policía, las comisarías de familia y los jueces de la República que van a operar aquí como también tenemos que garantizar los recursos para la dotación del CAI”.
Los recursos podrían estar saliendo de un crédito que realice la Alcaldía. “Nosotros con el señor alcalde (German Casagua) y el Secretario de Hacienda hemos realizado dos reuniones en las cuales estamos evaluando la utilización de unos instrumentos financieros que nos permitan contar con estos recursos, va por buen camino y esperamos que antes del mes de junio podamos definir esos instrumentos de financiación que nos permitan fortalecer las finanzas del municipio y poder contar con los recursos”, indicó el titular de la Secretaría de Gobierno.
Traslados de presos
Ducuara Castro manifestó que en los treces centros de atención transitorio, bodegas de Alpina, el del barrio Bogotá y el corregimiento de El Caguán, se encuentran privadas de la más de 315 personas.
El hacinamiento en estos lugares se reducirá con el traslado de privados de la libertad a la UPJ a finales del presente año. “Nosotros vamos primero a garantizar el traslado de los condenados que entre hombres mujeres, una de logremos ese traslado, estaríamos priorizando para hacer un traslado gradual, escalonado a esta nueva celdas dependiendo el perfil de cada uno”, indicó el Secretario de Gobierno.
Sostuvo que el complejo judicial cuenta con las medidas de seguridad para tener personas de alto perfil delincuencial. “Aquí este es un búnker de alta seguridad hay condiciones técnicas específicas, aquí los muros, las columnas, la terraza y cada uno de los elementos cumple con las características técnicas que ofrecen seguridad para evitar la fuga de estos detenidos”.
Precisó que la atención a las personas condenadas será asumida por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). “El Inpec entra a operar con las personas que aun estando en situación de detención preventiva son condenadas, una vez un ciudadano es condenado entra a manos del Inpec, la ley dice que una vez se ha condenado debe estar a cargo el Inpec,…”.
Sin embargo, en la cárcel de Neiva las puertas para el ingreso de condenados se encuentran cerradas por hacinamiento e infecciones. “Hoy tenemos en el Centro de Atención transitorio de la calle Segunda Sur, conocido popularmente como bodega de Alpina, a 43 personas condenadas que no han sido recibidas por el Inpec por problemas de hacinamiento en la Cárcel del Distrito Judicial de Neiva y por una crisis de tuberculosis que afectaba el penal y que ha generado en el cierre el establecimiento carcelario, allá está cerrado, están en cuarentena y no reciben un solo más”, explicó Ducuara.
Tres administraciones
El proyecto de la Unidad Permanente de Justicia nació en la administración del alcalde Rodrigo Lara, en el 2016 con el diseño, luego de que la Ley 1709 de 2014 modificara el sistema carcelario en el país.
“La ley traslada responsabilidades a los municipios frente a las personas detenidas que tienen la condición de sindicados más no condenados. La administración del año 2016 al 2019 se encargó de los estudios y los diseños”, señaló el Secretario de Gobierno de Neiva.
La administración de Gorky Muñoz Calderón), se en cargo de adjudicar el contrato a la Unión Temporal UPJ 2021 para la construcción de la obra, que se ha venido ejecutando con recursos de los primeros 60 mil millones pesos del crédito que aprobó el Concejo de Neiva.
Mientras que el proyecto será terminado y puesto en marcha por el alcalde Casagua Bonilla. “A nosotros nos corresponde la terminación de la obra y la puesta en funcionamiento, es decir que es una gran obra de infraestructura que involucra a tres administraciones municipales en 12 años de gobierno”, indicó Ducuara.
