El Ministerio de Justicia, encabeza de Néstor Osuna, publicó el decreto con el que se fijan las reglas para que más de 5.000 madres cabeza de familia queden en libertad a cambio de que hagan labor social como una medida sustitutiva de su pena.
Redaccion Web/LN
El Ministerio de Justicia dio a conocer el Decreto 1451 que marca un cambio en la política de justicia penal en Colombia. Más de 5.000 madres cabeza de familia que cumplen condenas de prisión igual o inferior a ocho años por delitos como hurto, hurto calificado, tráfico de estupefacientes, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, destinación ilícita de muebles o inmuebles saldrían de prisión.
La iniciativa tiene como objetivo la “resocialización” y la “garantía de los derechos humanos” de las mujeres condenadas, así como la disminución de la privación de la libertad, como se establece en el Plan Nacional de Política Criminal.
El proceso
El proceso de sustitución de la medida de prisión se llevará a cabo bajo la supervisión de un juez y estará acompañado de un servicio social que las beneficiarias deberán cumplir como parte de su proceso de reintegración a la sociedad. Las actividades de trabajo social asignadas incluirán la recuperación de espacios públicos, apoyo a víctimas, bienestar y protección animal, asistencia a comunidades vulnerables y otras actividades de utilidad pública.
El decreto establece que, en caso de incumplimiento de alguna obligación, será responsabilidad del juez de ejecución de penas y medidas de seguridad determinar la gravedad del incumplimiento y requerir a la condenada dentro del marco del debido proceso.
“Corresponderá al juez de ejecución de penas y medidas de seguridad determinar la gravedad del incumplimiento, requerimiento a la condenada, dentro del marco del debido proceso”, determina el Decreto.
