El reclutamiento ilícito de menores, asesinatos, secuestros y extorsiones ejecutados por disidencias en el Huila originó una demanda colectiva contra la Presidencia de la República, los ministerios de Defensa e Interior y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf). “El Gobierno está omitiendo el cumplimiento de su obligación constitucional y legal de garantizar los derechos e intereses colectivos al omitir la preservación del control del Estado”, señala la acción popular instaurada por Fundación Para el Estado de Derecho (FEDe).
Rafael Rodríguez C.
El reclutamiento ilegal de menores de edad, los asesinatos selectivos y secuestros extorsivo todo a manos de las disidencias de las Farc en el Huila durante el año 2024, llevaron una acción popular contra el Gobierno Nacional.
La demanda, admitida por el Tribunal Administrativo del Huila, fue instaurada por la Fundación Para el Estado de Derecho (FEDe), contra la Presidencia, los ministerios de Defensa y del Interior y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf).
El magistrado Ramiro Ponte, de la Sala de Decisión, del alto tribunal al admitir la acción popular, indicó que es “indispensable” la vinculación del departamento del Huila y los municipios de Neiva, La Plata, Garzón, Aipe, La Argentina, Gigante, Hobo, Nátaga y Paicol, para que manifiesten las acciones o planes de manejo adelantados para mitigar las presuntas afectaciones por el actuar de las disidencias.
La fundación con la acción popular busca que se protejan los derechos e intereses colectivos a la paz, la seguridad pública, a la moralidad administrativa, al goce del espacio público y a la utilización y defensa de los bienes de uso público de la población que habita el departamento del Huila.
En el Huila tienen presencia el Estado Mayor Central con los frentes ‘Darío Gómez’, ‘Iván Díaz’, ‘Isaías Pardo’ e ‘Ismael Ruiz’; columna móvil ‘Dagoberto Ramos’. “Estos últimos están encargados del negocio de la marihuana”, indicó la FEDe.
La ‘Segunda Marquetalia’ hace presencia con la columna móvil ‘Teófilo Forero’.
Y es que según la organización las acciones de inseguridad vienen siendo ejecutadas por las disidencias del Estado Mayor Central y la ‘Segunda Maqeuetalia’. “La violación sistemática a estos derechos ha venido ocurriendo con ocasión del recrudecimiento y aumento de la violencia en el territorio, y luego de que el Gobierno decretara el cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional con grupos al margen de la ley como el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia disidencias de las Farc”.
Sostuvo que no se conoce si los incumplimientos del cese al fuego están siendo evaluados por el Gobierno o los mecanismos de verificación. “No queda claro si el Gobierno ha tomado medidas correctivas ni qué ha pasado con estos incumplimientos. Según lo previsto, el Mecanismo de Veeduría, Monitoreo y Verificación del cese al fuego debería evaluar estos compromisos cada dos meses, pero no se tiene información al respecto”.
La fundación indicó que las autoridades han alertado que, en el periodo de suspensión del cese al fuego, se ha incrementado el despliegue armado y expansión del control territorial en el Huila. “Se intensificó por la ausencia o presencia diferenciada del Estado, orientada a asegurar el goce efectivo de derechos de la población, en especial niños, niñas y adolescentes”.
Recordó que el jueves 4 de julio de las 2024 autoridades alertaron acerca de posibles incursiones en algunos territorios de nuevos como el Ejército de Liberación Nacional (Eln) por la aparición de una bandera alusiva la agrupación guerrillera “grupo que hasta la fecha no tenía presencia en determinados territorios”.
Según la fundación el Gobierno está omitiendo el cumplimiento de su obligación de garantizar los derechos e intereses colectivos al prescindir la preservación del control del Estado. “Estas omisiones han permitido que, el Estado Mayor Central EMC de las Farc, la ‘Segunda Marquetalia’, y el Ejército de Liberación Nacional incrementen su presencia y acciones bélicas en el departamento, todo lo cual es la causa de la incertidumbre, zozobra, inseguridad, desplazamiento forzado y hostigamiento a la ciudadanía y la fuerza pública”.
Precisó la fundación que la acción popular no pretende cuestionar la política de paz, sino que, en medio de las negociaciones de paz y de sometimiento, se protejan los derechos de los habitantes del Huila. “Desde FEDe. Colombia buscamos evitar que, mientras el Estado colombiano propicia diálogos de paz con el Estado Mayor Central de las Farc, la ‘Segunda Marquetalia’ y el Ejército de Liberación Nacional, se siga permitiendo que estos grupos expandan su control sobre el territorio, cometiendo abusos en contra de la colectividad y violaciones a sus derechos colectivos”, aseguró Luis Guillermo Vélez, presidente de la junta directiva de la Fundación y exgobernador (e) del Huila.
El Huila está desprotegido
La presencia de los grupos disidentes y su actuar estarían dejando ver que el departamento del Huila se encuentra desprotegido por las autoridades, facilitando su expansión y su control por el territorio.
El control en los territorios se evidencia con los desplazamientos, la imposición de pautas de conducta, amenazas con medidas de ‘limpieza social’ y carnetizar a los ciudadanos para ejercer control social y territorial en los municipios. “Atemorizar, secuestrar y asesinar a la población civil, indígena y comunidades que habitan el departamento, hostigar a la fuerza pública, restringir la movilidad y constreñir a los ciudadanos para que asistan a eventos públicos a efectos de demostrar supuesto apoyo de la ciudadanía, violentar a sujetos de especial y reforzada protección constitucional, como niños, niñas y adolescentes, comunidades indígenas, entre otros”, señaló la Fundación Para el Estado de Derecho (FEDe), en la demanda.
Sostuvo que la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Gobernación y alcaldías y las comunidades indígenas, han hecho llamados y requerimientos de presencia e intervención del Estado en el territorio para responder a la agudización del conflicto armado. “No obstante, a la fecha, todo parece estar empeorando”.
Lo que ha pasado
La FEDe para argumentar la demanda, hizo un recuento de algunas acciones adelantadas por los grupos disidentes contra la población civil y la fuerza pública en diferentes municipios huilenses.
Secuestros, amenazas, combates, confinamiento de al menos trece comunidades indígenas, reclutamiento ilegal de menores, fueron advertidos en alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo, además, fueron registradas las acciones delictivas en medio de comunicación de la región como LA NACIÓN.
“Lo que se evidencia en la demanda es que los grupos al margen de la ley tienen control social y territorial en el departamento del Huila, y constantemente despliegan acciones que vulneran de forma sistemática los derechos colectivos de los habitantes”, indicó la fundación.
El 8 de noviembre de 2023, el frente ‘Ismael Ruiz’, de la columna móvil ‘Dagoberto Ramos’, constriñó a los habitantes del municipio de La Plata a asistir a lo que denominaron “consejo comunitario”, en el audio se menciona: “Buenos días para todos los presidentes de las Juntas de Asunción Comunal, para invitarlos con todas las comunidades a una reunión mañana a las nueve de la mañana, para que me haga un favor de asistir acá hasta el lado de Santa Marta, para que me haga el grande favor y muchas gracias. Para que me haga un favor y me comparta este audio a los demás presidentes que tenga por ahí cerca, hasta a los de la Argentina y todo eso, que se presenten acá con todas las comunidades”.
“Se estima que asistieron alrededor de mil personas al evento, en el que las disidencias de las Farc se declararon autoridad del municipio…”.
El 17 de noviembre de 2024, el Sindicato del Sena (Sindesena), rechazó las acciones violentas de las cuales están siendo objeto los compañeros de la regional Huila y las comunidades de la zona rural de los municipios La Plata y La Argentina, en la que se intimidó y despojó a funcionarios de la entidad de la camioneta de la Institución mediante acciones violentas.
Agregó la fundación que la Defensoría del Pueblo, en la Alerta Temprana No. 15 de 2024, alertó sobre el alto riesgo inminente de reclutamiento forzado a niños, niñas y adolescentes, principalmente mediante redes sociales como TikTok y Facebook: “Se advierte un grave riesgo de reclutamiento forzado, uso y utilización a los niños, niñas, adolescentes (NNA) y jóvenes residentes en los municipios de Íquira (Huila) y Páez (Cauca), algunos de ellos con pertenencia étnica indígena, afrocolombiana o campesina. El riesgo se extiende a sus ostentado un amplio riesgo de desplazamiento como mecanismo de autoprotección”.
El 24 de enero de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a nueve periodistas de emisoras radiales ubicadas en el municipio de Algeciras del departamento del Huila “tras considerar que se encuentran en una situación de grave riesgo producto de amenazas de muerte y hostigamientos atribuidos a grupos armados que operarían en la zona donde realizarían su trabajo periodístico”.
