Juan Carlos Conde Vargas
Lo acontecido en el último año y medio, sumado a lo que sucederá en los siguientes ocho meses, es en buena medida una radiografía de la grave crisis que atraviesa la vivienda y el desarrollo urbano en Colombia. Un Ministerio que como el de Vivienda, Ciudad y Territorio, ha sido utilizado por el Gobierno de Juan Manuel Santos para cumplir con compromisos y cuotas políticas, en el cual no existe una agenda institucional y mucho menos una política de gobierno encausada a superar los graves problemas actuales.
Empecemos señalando cómo en los últimos cuatro años, la máxima dignidad ministerial ha sido ocupada hasta por cinco personas (Germán Vargas Lleras, Luís Felipe Henao, Elsa Noguera de la Espriella, Jaime Pumarejo Heins y Camilo Sánchez Ortega), en una decisión política carente de motivaciones técnicas, en la que solamente se preserva la filiación de partido, sin valorar elementos sustanciales relacionados con la experiencia o trayectoria en el sector inmobiliario o los efectos económicos resultantes de su influencia en determinados sectores sociales y económicos.
Esta inestabilidad al frente del timón fue premiada adicionalmente con la simplísima estrategia de regalar viviendas, marginando programas de esfuerzo conjunto entre el Estado y los particulares, que con tanto rigor se desarrollaron en años atrás, y con los cuales se procuraba premiar el ahorro familiar, la bancarización, la formalidad, el subsidio a la demanda y la calidad de las construcciones, como parte de los aportes que en esta causa estaban a cargo de los constructores. Una propuesta evidentemente útil en las aspiraciones de reelección.
Agotados los recursos destinados a tal fin, ha sido necesario desengavetar aquellos viejos programas de esfuerzo compartido, con el costo de haberse perdido el compromiso político en la causa, al igual que la experiencia adquirida en el pasado; programas como Mi Casa Ya resultan inútiles ante la desconfianza en las instituciones, que se constituye precisamente en una consecuencia de no existir claridad sobre los compromisos del Gobierno, ni la convicción de superar problemáticas patológicas en el país como son la falta de suelo para VIP, el alto costo de la tierra y la burocracia a nivel municipal.
Como si se tratara de un problema ajeno, poco ha sido el compromiso del Ministerio para resolver un hecho grave pero al mismo tiempo comprensible en ciertas ciudades, resultante de la suspensión que a nivel municipal se hace por parte de Alcaldes municipales a los Planes de Ordenamiento Territorial, con las repercusiones que trae la medida. Una decisión que si bien a priori se torna ilegal y por ende lesiva del interés de los constructores y desarrolladores de tierra, en el fondo se explica cuando no hay garantía de acceso pleno al servicio de agua potable, al cumplimiento en la ejecución de vías y zonas verdes, o a otras cargas que siendo indispensables, no son honradas merced a la complacencia de las autoridades territoriales.
A todo lo anterior debe sumarse la pasividad y desinterés expresado por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, frente a aquellas decisiones judiciales que recientemente han permitido que las legalizaciones (formalización de barrios subnormales) sean un reto institucional de nunca acabar, toda vez que para la Corte Constitucional es menester la defensa de quienes de manera clandestina e ilícita procedan al desarrollo de urbanizaciones piratas, a las cuales los entes locales deben proveer de servicios públicos, vías y seguridad, sin importar el impacto de dichas actuaciones particulares y los riesgos sanitarios implícitos.
